LOS TUXTLAS: 100 DÍAS DE DISCURSO… Y 11 CASQUILLOS QUE LOS DESMIENTEN
San Andrés Tuxtla, Veracruz.— En la política contemporánea, los “primeros 100 días” se han convertido en una puesta en escena cuidadosamente ensayada: templetes, cifras maquilladas y promesas recicladas que intentan vender gobernabilidad donde no la hay. Pero en San Andrés Tuxtla, la realidad irrumpió sin protocolo, sin boletín y sin maquillaje: lo hizo con el estruendo seco de once disparos que desnudaron, de golpe, la fragilidad del discurso oficial.
El asesinato de José Manuel Cervantes Ruíz, alias “El Chino”, no puede archivarse como un expediente más en la larga lista de homicidios que golpean a Veracruz.
Es, en cambio, una evidencia brutal de un modelo de gobierno que parece más preocupado por administrar percepciones que por contener la violencia. Bajo la administración de Rafael Fararoni Magaña, la seguridad pública no solo muestra fisuras: parece haber sido rebasada.
El lugar del ataque no es un dato menor. Ocurrió a plena luz del día, en una zona céntrica, cerca de oficinas de la CFE y a escasas cuadras del Primer Batallón de Infantería. El mensaje es inequívoco y perturbador: la violencia no se esconde, se exhibe. No huye, desafía. Y en ese desafío abierto, la autoridad queda reducida a espectadora.
Pero si el asesinato ya es alarmante, lo verdaderamente devastador es el daño colateral: un trabajador de Bimbo herido en medio del ataque. Ese dato rompe de tajo la narrativa cómoda de los “ajustes de cuentas”. Aquí no hay fronteras claras entre víctima y espectador. Aquí cualquiera puede caer. El ciudadano común —el que trabaja, el que transita, el que sobrevive— se ha convertido en daño potencial.
La pregunta es inevitable: ¿qué significa hablar de “rumbo” y “resultados” cuando el corazón comercial del municipio puede transformarse, en segundos, en un campo de ejecución? La seguridad no se mide en patrullas alineadas para la fotografía oficial ni en discursos bien redactados; se mide en la posibilidad real de vivir sin miedo. Y hoy, en Los Tuxtlas, esa posibilidad parece diluirse.
La región —rica en biodiversidad, con un potencial turístico que podría detonar desarrollo— se enfrenta a un contraste insoportable: la promesa institucional contra la crudeza de la calle. Mientras desde el poder se presume gobernabilidad, en el territorio se impone otra lógica: la de la impunidad.
Porque eso es lo que queda al descubierto tras los once casquillos: un vacío. Un silencio institucional que pesa más que cualquier declaración. Un gobierno que, ante la violencia, parece optar por el control del relato antes que por el control del territorio.
Hoy, la narrativa de los “100 días” se estrella contra una realidad innegable: en San Andrés Tuxtla no bastan los discursos cuando la sangre corre sobre el asfalto. La interrogante ya no es qué se hizo en el arranque de la administración, sino qué se está dispuesto a hacer ahora.
Porque si la estrategia sigue siendo el silencio, la evasión o el maquillaje estadístico, Los Tuxtlas no solo perderán la batalla por la seguridad: confirmarán, una vez más, que en esta región el poder real no se presume… se ejerce. Y hoy, ese poder no parece estar en manos del Estado.
Redacción Reportaje Veracruzano
