DESPOJO CON SELLO OFICIAL: CASO DE COMERCIANTE EXHIBE POSIBLE ABUSO DE PODER EN XALAPA
Xalapa, Ver.— Lo que comenzó como una obra pública para mejorar la infraestructura urbana terminó convertido en un caso que hoy levanta serias dudas sobre el uso del poder y la actuación de autoridades municipales. La historia de la familia Mendoza Flores abre una interrogante incómoda: ¿quién decide realmente en Xalapa quién puede trabajar y quién no?
Jesús Mendoza Vásquez, comerciante dedicado a la venta de hamburguesas en la colonia Obrero Campesina, denuncia que su fuente de ingresos fue retirada bajo el argumento de la pavimentación de la calle Melquiades Ruiz. La solicitud, según la versión expuesta, habría sido promovida por su propio hermano, Juan Mendoza Vásquez, quien funge como tesorero vecinal del DPC-PV 0194, a través de la presidenta del patronato, María Águeda Romero Becerril.
El acuerdo, aseguran, era claro: la caseta sería retirada de manera temporal mientras se ejecutaban los trabajos. Sin embargo, la obra ya fue concluida e inaugurada, pero la estructura no ha sido devuelta.
Ante la falta de respuesta, el afectado acudió al Ayuntamiento de Xalapa, donde —según relata— no obtuvo una explicación concreta. La única postura que recibió fue que la caseta ya no puede reinstalarse en su ubicación original, pese a que el comerciante cumplió con el pago anual correspondiente ante la autoridad municipal.
El caso adquiere mayor tensión al contrastar versiones. Mientras una parte señala que vecinos rechazaban la actividad comercial, Jesús Mendoza afirma haber reunido firmas de habitantes de calles aledañas que respaldan la permanencia de su negocio. Aun así, sostiene que no ha existido disposición institucional para revisar o resolver su situación.
El señalamiento escala al terreno político. La familia afectada considera que detrás de la negativa hay decisiones influenciadas por grupos que se dicen cercanos a la administración municipal encabezada por la alcaldesa Daniela Griego Ceballos, mientras que áreas como Comercio y Desarrollo Urbano han evitado asumir una postura clara.
Hasta el momento, no existe una resolución oficial pública que esclarezca el destino de la caseta ni los criterios utilizados para impedir su reinstalación. El caso deja al descubierto un vacío preocupante: la falta de reglas transparentes cuando se cruzan intereses vecinales, decisiones administrativas y el derecho al trabajo.
En Xalapa, la obra ya fue inaugurada. Pero para una familia, el proyecto sigue inconcluso. Y la pregunta permanece: ¿se trató de una decisión técnica… o de un ejercicio discrecional del poder?
Redacción Reportaje Veracruzano
