Xalapa, Veracruz.– En un hecho poco común dentro de las altas esferas de procuración de justicia en Veracruz, la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, reconoció públicamente que en administraciones pasadas de la Fiscalía General del Estado hubo equivocaciones graves y aseguró que no tiene inconveniente en ofrecer disculpas públicas a las víctimas que fueron afectadas por esas fallas institucionales.
La declaración no es menor. En un estado donde por años las víctimas han denunciado omisiones, carpetas congeladas, revictimización y una justicia selectiva, aceptar errores desde la cabeza de la institución representa una admisión que durante mucho tiempo se evitó pronunciar.
Al ser cuestionada sobre las recientes recomendaciones aceptadas por la Fiscalía, mismas que anteriormente eran rechazadas, tal como lo señaló la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Minerva Regina Pérez López, la Fiscal sostuvo que el tema debe asumirse con responsabilidad institucional y no con evasivas.
“Se debe reconocer que desde el punto institucional hubo equivocaciones. Hay que corregir y perfilar un rumbo desde la Fiscalía en donde se respeten los derechos humanos”, expresó.
Jiménez Aguirre insistió en que su administración busca corregir el rumbo, capacitar al personal y, sobre todo, reconocer los errores del pasado para evitar que se repitan.
“Yo no tengo ningún problema en salir, dar la cara y pedir una disculpa pública y reconocer que hubo equívocos en el pasado y pedir una disculpa a las víctimas”, afirmó.
Sin embargo, más allá del discurso, la exigencia social sigue siendo la misma: resultados. Porque pedir perdón sin castigo a responsables ni reparación efectiva podría convertirse en un acto simbólico vacío.
En ese contexto, la Fiscal también confirmó avances en uno de los expedientes más delicados: el llamado “Cártel Inmobiliario” de Xalapa. Informó que ya se ejecutaron órdenes de aprehensión contra exfuncionarios, particularmente del Registro Público de la Propiedad, señalados por presuntamente falsear documentos y participar en operaciones irregulares en distintos municipios.
“Ya está judicializado… se ejecutaron algunas órdenes de aprehensión”, sostuvo.
Sobre el millonario desfalco en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), puntualizó que el caso corresponde a la Fiscalía Anticorrupción, aunque reiteró que no habrá protección para nadie.
“No se protege a nadie y no habrá impunidad”, sentenció.
La misma postura sostuvo respecto a las denuncias promovidas por el ORFIS por presuntos actos de corrupción de exservidores públicos, cuya ruta legal también se encuentra bajo la competencia de la Fiscalía Anticorrupción.
El mensaje es claro en el discurso: reconocer errores, corregir abusos y perseguir la corrupción. Pero en Veracruz, donde la impunidad ha sido durante años una costumbre de poder, la ciudadanía ya no mide a las instituciones por sus promesas, sino por sus detenciones, sentencias y justicia real.
Redacción Reportaje Veracruzano
