Poza Rica no cayó del cielo: petróleo, abandono y crimen, la historia que nadie quiso contar
Por décadas, México observó a la región totonaca y huasteca únicamente como un territorio petrolero. Un sitio para extraer riqueza, mover capitales y alimentar el crecimiento industrial del país. Pero mientras el oro negro corría hacia el centro del poder, en el norte de Veracruz comenzaron a sembrarse silenciosamente las raíces de una tragedia que hoy estalla entre balaceras, desapariciones y pueblos enteros gobernados por el miedo.
Entender la violencia que consume a municipios como Poza Rica, Papantla, Tihuatlán, Tuxpan o Coatzintla únicamente como una guerra entre cárteles es quedarse en la superficie de una herida mucho más profunda.
La reciente declaración de la gobernadora Rocío Nahle García, atribuyendo la crisis de inseguridad a disputas entre grupos criminales, abre apenas una pequeña ventana de una realidad construida durante más de un siglo: abandono institucional, devastación ecológica, destrucción cultural y captura progresiva del poder público.
Porque la historia de esta región jamás puede explicarse sin mirar hacia Tampico.
Poza Rica y Tampico crecieron bajo una misma sombra. El petróleo unió sus destinos desde finales del siglo XIX, cuando compañías extranjeras transformaron radicalmente la vida de pueblos indígenas huastecos y totonacos. Llegaron ingenieros europeos, migraciones masivas, expropiaciones y una economía extractiva que desplazó formas ancestrales de vida.
Pero junto al auge petrolero también nació otra economía paralela.
Durante la prohibición en Estados Unidos, el tráfico ilegal de whisky desde Tamaulipas hacia el norte consolidó redes de contrabando que terminarían moldeando la identidad criminal de la región. Las rutas clandestinas conectaron a Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Madero y Tampico con el norte de Veracruz. Mucho antes de los cárteles modernos, ya existían estructuras ilegales aprendiendo a mover mercancías, dinero, influencias y protección política.
El crimen organizado no apareció de la nada. Evolucionó.
Mientras el petróleo se agotaba y las promesas de desarrollo desaparecían, la región quedó atrapada entre desempleo, contaminación y abandono. El río Río Cazones contaminado, la selva borrada y la precariedad social fueron el terreno perfecto para que los grupos criminales dejaran de ser simples bandas y comenzaran a convertirse en otra cosa: poderes territoriales.
Hoy, la discusión ya no es si el crimen organizado quiere entrar a la política.
Entró hace tiempo.
La acusación que recorre silenciosamente la región es todavía más grave: alcaldías, corporaciones, estructuras institucionales y espacios de gobierno habrían sido infiltrados parcial o totalmente por intereses criminales. Ya no se trata solamente de delincuentes peleando plazas; se trata de estructuras que en ciertas zonas actúan como un Estado paralelo.
Lo ocurrido en Sinaloa comienza a reflejarse peligrosamente en regiones de Veracruz: territorios donde el miedo regula la vida cotidiana, donde la ciudadanía calla por supervivencia y donde la democracia parece herida por la intimidación, la violencia y el dinero ilícito.
La tragedia huasteca y totonaca tampoco puede reducirse a estadísticas de homicidios.
Es una fractura histórica.
Es la historia de comunidades originarias desplazadas, de trabajadores petroleros olvidados, de generaciones atrapadas entre la riqueza que salió de su tierra y la pobreza que se quedó en ella.
Frente al proceso electoral de 2027 y 2029, el verdadero debate podría no centrarse solamente en qué partido gobierne Veracruz, sino en cuánto territorio institucional permanece aún fuera del alcance del crimen organizado.
Porque la advertencia ya comenzó a escucharse en voz baja en la región petrolera:
el problema no es que los grupos criminales quieran conquistar el poder político.
El problema es que, en algunas zonas, podrían haber dejado de necesitar conquistarlo porque ya forman parte de él.
Por Marco Antonio Palmero Alpirez
Reportaje Veracruzano
