ROXANA, EL ADN Y EL FRACASO DEL ESTADO: VERACRUZ VUELVE A MIRAR AL ABISMO
La mañana de este sábado la tragedia dejó de ser una posibilidad lejana para convertirse en un expediente forense
La Fiscalía General de la República trasladó a los padres y familiares de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez a su sede regional en Coatzacoalcos para informarles sobre los avances de la investigación y practicar pruebas genéticas que permitan determinar si unos restos humanos localizados recientemente corresponden a la comunicadora desaparecida desde el pasado 2 de junio en Nanchital. Los estudios de ADN serán determinantes y el cuerpo fue trasladado a Nogales para los procedimientos periciales correspondientes.
Detrás de los laboratorios, las cadenas de custodia y los dictámenes científicos existe una escena infinitamente más brutal: unos padres esperando que la ciencia les diga si la persona que buscan es su hija.
Roxana no desapareció en circunstancias misteriosas.
Un grupo armado irrumpió en su domicilio, golpeó a su familia, la esposó y se la llevó frente a sus seres queridos bajo el argumento de que sería trasladada «a la comandancia». Todo quedó grabado parcialmente en imágenes que estremecieron a México entero y exhibieron el nivel de impunidad con el que operan los criminales en algunas regiones del país.
Han pasado semanas.
La investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República, hubo cateos, detenciones y la captura de uno de los presuntos responsables identificados en los videos del ataque, pero Roxana sigue sin regresar a casa.
Hoy Veracruz contiene la respiración mientras espera el resultado de una prueba genética.
Y esa sola imagen debería avergonzar a cualquier institución encargada de proteger periodistas.
Porque el caso Roxana no es únicamente la historia de una periodista desaparecida.
Es la historia de un sistema que llega después.
Después del secuestro.
Después del video.
Después del escándalo nacional.
Después de que una familia queda destruida.
Los mecanismos de protección existen sobre el papel, pero el gremio periodístico lleva años preguntándose cuántos periodistas han sido realmente salvados por ellos cuando el peligro toca la puerta de madrugada.
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y los distintos esquemas de protección enfrentan cuestionamientos crecientes de comunicadores que consideran que las medidas preventivas, los protocolos y las acciones institucionales han sido insuficientes frente a la violencia real que enfrenta la prensa veracruzana.
Porque para muchos periodistas la sensación es devastadora:
Cuando llegan las amenazas, están solos.
Y cuando llegan los agresores, casi siempre ya es demasiado tarde.
El caso Roxana ocurre además en un contexto que mantiene encendidas las alarmas del gremio periodístico. De confirmarse el peor desenlace, sería el tercer caso de periodistas fallecidos durante la administración de la gobernadora Rocío Nahle García, una circunstancia que inevitablemente alimenta el debate sobre las garantías para ejercer el periodismo en Veracruz y la efectividad de las políticas de protección a comunicadores.
Los nombres de periodistas asesinados en Poza Rica y otras regiones del estado siguen pesando sobre la memoria colectiva del gremio y sobre la exigencia de que estos casos no terminen convertidos en simples estadísticas.
Porque los periodistas no deberían terminar convertidos en carpetas de investigación.
Ni en fichas de búsqueda.
Ni en perfiles genéticos esperando coincidencias en un laboratorio.
Hoy Veracruz no espera un comunicado.
No espera una conferencia.
No espera una declaración política.
Veracruz espera una respuesta.
Y una familia espera que el ADN no confirme sus peores pesadillas.
Redacción Reportaje Veracruzano
