¿FUNCIONARIO MULTIPLICADO O PRIVILEGIO DE ÉLITE? EL CASO USCANGA RETA EL DISCURSO DE LA AUSTERIDAD Y LA LIMPIEZA ADMINISTRATIVA
En Veracruz se han prometido auditorías, revisiones de plazas y una cruzada contra los llamados «aviadores» del servicio público. Sin embargo, cada discurso anticorrupción enfrenta tarde o temprano una prueba de fuego: demostrar que las reglas se aplican igual para todos.
Hoy esa prueba tiene nombre y apellido: Alejandro Uscanga Villalba.
Información pública consultable en la Plataforma Nacional de Transparencia y registros administrativos difundidos públicamente apuntan a la existencia de responsabilidades laborales simultáneas vinculadas con la Secretaría de Educación de Veracruz y el INDETEC, organismo con sede en Guadalajara.
La interrogante es tan simple como incómoda:
¿Cómo se desempeñan de manera plena, presencial y eficiente funciones públicas localizadas en entidades federativas separadas por cientos de kilómetros?
Si existe compatibilidad legal, que se exhiban los documentos.
Si existen licencias, permisos o autorizaciones especiales, que se hagan públicos.
Si existe un dictamen de compatibilidad de horarios, que se muestre a la sociedad.
Porque cuando la transparencia existe, la opacidad sobra.
El asunto adquiere una dimensión aún mayor después de que la gobernadora Rocío Nahle García y la titular de la educación estatal, Claudia Tello Espinosa, anunciaran revisiones para detectar irregularidades dentro del sistema educativo veracruzano.
La pregunta inevitable es si dichas revisiones alcanzan también a los niveles más altos del aparato burocrático o si únicamente están dirigidas hacia los eslabones más débiles de la cadena administrativa.
Porque la ciudadanía observa.
Observa cuando se exige puntualidad al maestro de aula mientras otros servidores públicos parecen desafiar las limitaciones del tiempo y la geografía.
Observa cuando se combate al pequeño infractor administrativo mientras los casos políticamente incómodos avanzan a paso lento.
Observa cuando la austeridad parece convertirse en obligación para unos y en simple recomendación para otros.
Nadie está acusando delitos ni anticipando responsabilidades que solamente corresponden determinar a las autoridades competentes.
Pero tampoco puede exigirse a la sociedad que renuncie a formular preguntas legítimas sobre el destino de los recursos públicos y la correcta prestación del servicio gubernamental.
Porque el verdadero combate a la corrupción no se mide en discursos, conferencias o anuncios espectaculares.
Se mide cuando las auditorías llegan hasta donde incomodan.
Se mide cuando los apellidos no funcionan como escudos.
Se mide cuando el poder acepta ser revisado con la misma severidad con la que revisa a los demás.
Y es precisamente ahí donde el caso Uscanga podría convertirse en algo más grande que una polémica administrativa.
Podría convertirse en el termómetro que revele si la prometida limpieza institucional es una realidad… o simplemente otro ejercicio de retórica gubernamental.
Redacción Reportaje Veracruzano
