FGE activa procesos contra dos alcaldes; Congreso inicia análisis bajo reserva
Xalapa, Ver.– La Fiscalía General del Estado puso en marcha dos solicitudes de declaración de procedencia ante el Congreso de Veracruz, con lo que se abre la posibilidad de retirar la protección constitucional a igual número de presidentes municipales para que enfrenten procesos legales, en caso de que así lo determinen las instancias legislativas.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Naomi Edith Gómez Santos, confirmó que el Poder Legislativo recibió únicamente dos solicitudes por parte de la Fiscalía, aunque evitó revelar la identidad de los alcaldes involucrados al señalar que la dependencia ministerial solicitó mantener la información bajo estricta reserva para no afectar las investigaciones.
La legisladora explicó que los expedientes serán enviados inicialmente a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, donde se verificará si cumplen con los requisitos legales para continuar el procedimiento. De considerarse procedentes, pasarán posteriormente a la Comisión Instructora, órgano encargado de dar seguimiento al proceso legislativo.
Precisó que, conforme al procedimiento, las comisiones deberán ser convocadas en un plazo cercano a tres días para iniciar el análisis correspondiente. Será en etapas posteriores cuando puedan conocerse mayores detalles sobre los casos, siempre respetando el debido proceso.
Aunque el Congreso mantiene en reserva los nombres de los funcionarios señalados, versiones extraoficiales apuntan a que una de las solicitudes estaría dirigida contra el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez.
De acuerdo con esa información, el edil habría incumplido con la entrega del Plan Municipal de Desarrollo al Congreso del Estado, situación que habría motivado el inicio del procedimiento. No obstante, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado oficialmente que dicho expediente corresponda al presidente municipal.
En caso de que alguna de las solicitudes sea aprobada durante el proceso legislativo, el alcalde involucrado podría perder el fuero constitucional y quedar en condiciones de enfrentar las acciones legales que determine la autoridad competente. Mientras tanto, el Congreso reiteró que los expedientes permanecerán bajo reserva hasta que el procedimiento permita hacer públicos sus detalles.
Redacción Reportaje Veracruzano
