Tres detenidos y una trama que apenas comienza: el caso UPAV destapa presunta red de manejo irregular de recursos en Veracruz
Xalapa, Ver.— Lo que durante años fue señalado por falta de transparencia dentro de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) comienza a traducirse en procesos penales. La gobernadora Rocío Nahle García confirmó que tres personas permanecen detenidas como parte de la investigación que sigue la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presunto lavado de dinero y mal uso de recursos públicos.
La confirmación no sólo valida que la indagatoria avanzó más allá de las auditorías, sino que deja abierta una interrogante de mayor alcance: ¿hasta dónde llegó la presunta red financiera que operó alrededor de la UPAV?
Aunque previamente el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes Hernández, había mencionado posibles vínculos con delincuencia organizada, la mandataria estatal acotó que, hasta este momento, la carpeta de investigación se centra en lavado de dinero y desvío o uso indebido de recursos, descartando que exista una imputación por delincuencia organizada.
Nahle reveló que una asociación civil y una fundación vinculadas con la universidad forman parte del entramado investigado, al señalar que durante años operaron bajo un esquema de «opacidad terrible». Según explicó, algunos funcionarios que ingresaron durante la actual administración habrían participado en esas irregularidades.
La declaración abre otra línea de análisis: si los mecanismos financieros cuestionados funcionaron durante varios años, las investigaciones podrían no limitarse únicamente a quienes hoy enfrentan prisión preventiva, sino extenderse hacia quienes diseñaron, administraron o permitieron esos esquemas.
La gobernadora sostuvo que su administración mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción y aseguró que el saneamiento de las finanzas estatales ha permitido destinar mayores recursos a infraestructura, cultura y turismo. Sin embargo, evitó adelantar si habrá más órdenes de aprehensión, limitándose a señalar que la investigación continúa y aún no ha concluido.
Con tres personas ya encarceladas y una red financiera todavía bajo escrutinio, el expediente de la UPAV perfila convertirse en uno de los casos de presunta corrupción institucional más relevantes de los últimos años en Veracruz. La incógnita ahora es si las pesquisas alcanzarán únicamente a operadores administrativos o si escalarán hacia quienes, desde niveles superiores, pudieron haber autorizado o tolerado el funcionamiento de los mecanismos hoy investigados.
Redacción Reportaje Veracruzano
