¿CORRUPCIÓN EN LOS PROGRAMAS DEL BIENESTAR? DENUNCIAN A FUNCIONARIA DE COATEPEC POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES Y PIDEN SU REMOCIÓN
Señalan a Angelli Zorrilla Bouchez ante el Órgano Interno de Control; la denuncia incluye presupuestos, padrones, conversaciones, audios y testimonios que deberán ser sometidos a investigación
Coatepec, Ver.— Los programas sociales concebidos para llevar apoyo a quienes más lo necesitan vuelven a quedar bajo la lupa. Una denuncia formal presentada ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar señala a Angelli Zorrilla Bouchez, encargada de la Región 01 Coatepec, por presuntas irregularidades relacionadas con la operación de La Escuela es Nuestra y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
El expediente, de acuerdo con la documentación entregada a esta redacción, no se limita a señalamientos verbales. Los denunciantes aseguran haber aportado presupuestos, conversaciones de WhatsApp, audios, padrones, testimonios y diversa documentación que, afirman, debe ser revisada por las autoridades competentes para determinar si existen responsabilidades administrativas e incluso, en su caso, posibles consecuencias de carácter penal.
El señalamiento central coloca una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿se están utilizando programas destinados al bienestar de la población para favorecer intereses particulares?
CONSTRUCTORAS BAJO LA LUPA
Uno de los puntos más delicados de la denuncia apunta al programa La Escuela es Nuestra, donde se acusa una presunta imposición o recomendación de determinadas empresas constructoras para la ejecución de obras.
De comprobarse estas acusaciones, el asunto podría trascender una simple irregularidad administrativa.
Los denunciantes advierten que la selección indebida de empresas podría terminar afectando directamente la calidad de las obras realizadas en planteles educativos, particularmente si se utilizaran materiales deficientes o se ejecutaran trabajos fuera de los estándares requeridos.
Y aquí aparece el verdadero riesgo: no se trata únicamente de dinero público; se trata de escuelas donde diariamente permanecen niñas, niños, docentes y trabajadores.
Una obra mal ejecutada no es solamente una cifra cuestionable en un expediente: puede convertirse en un problema de seguridad para toda una comunidad escolar.
PADRONES Y TARJETAS: LA OTRA ALERTA
La denuncia también plantea un señalamiento particularmente sensible en el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Los denunciantes aseguran haber detectado registros correspondientes a presuntos beneficiarios inexistentes, relacionados con la emisión de tarjetas del programa.
Se trata de una acusación que, de confirmarse mediante una auditoría o investigación oficial, podría tener implicaciones considerablemente más graves, pues obligaría a determinar quién capturó los registros, quién los validó, quién autorizó los procedimientos y, eventualmente, si existió algún beneficio indebido derivado de ellos.
No basta con revisar un nombre en una lista.
La pregunta que tendría que responderse es mucho más profunda:
¿Existen realmente los beneficiarios registrados y, en caso contrario, qué ocurrió con los recursos y los mecanismos destinados a proteger el padrón?
PRESUNTAS REPRESALIAS CONTRA TRABAJADORES
El expediente también refiere posibles represalias contra trabajadores que habrían expresado inconformidad ante determinadas prácticas.
De acreditarse, este elemento abriría otro frente de investigación: si servidores públicos fueron presionados, desplazados o afectados por manifestar desacuerdos con decisiones administrativas, tendría que establecerse quién ordenó dichas acciones y bajo qué fundamento.
La administración pública no puede convertirse en un espacio donde cuestionar una decisión tenga como consecuencia el castigo del trabajador que la cuestiona.
PIDEN LA INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN
Los denunciantes solicitan la intervención del delegado de Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, y plantean como medida la separación de Zorrilla Bouchez de su responsabilidad mientras se desarrolla la investigación.
La petición tiene un argumento fundamental: que la persona señalada no permanezca en una posición desde la cual pudiera, eventualmente, intervenir en documentación, procedimientos o elementos relacionados con las acusaciones.
No corresponde a una autoridad política determinar anticipadamente la culpabilidad de una persona; corresponde a las instancias competentes investigar, preservar las evidencias y establecer responsabilidades.
Pero tampoco corresponde a una institución ignorar una denuncia documentada cuando existen señalamientos que, de acreditarse, podrían afectar recursos públicos y programas sociales.
EL SILENCIO TAMBIÉN TENDRÍA QUE EXPLICARSE
Los denunciantes advierten que una eventual falta de actuación ante los señalamientos podría generar cuestionamientos adicionales respecto de la actuación de los superiores jerárquicos y de cualquier otro funcionario que pudiera resultar involucrado.
Eso, sin embargo, deberá determinarse con pruebas y mediante el procedimiento correspondiente.
La pregunta periodística permanece abierta:
¿Qué hará la Secretaría de Bienestar ante esta denuncia?
¿Abrirá una investigación exhaustiva?
¿Auditará los padrones señalados?
¿Revisará los contratos, presupuestos y obras de La Escuela es Nuestra?
¿Determinará quién recomendó o favoreció a las constructoras mencionadas?
¿Verificará físicamente la existencia de los presuntos beneficiarios?
¿Analizará las comunicaciones y audios entregados?
¿Y garantizará que quienes denunciaron posibles irregularidades no sufran represalias?
PIDEN QUE EL CASO LLEGUE HASTA PALACIO NACIONAL
Los denunciantes también solicitan la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, bajo el argumento de que los Programas para el Bienestar constituyen una de las principales políticas sociales del Gobierno de México y, por tanto, deben operar bajo criterios de transparencia, legalidad y absoluta honestidad.
La exigencia es particularmente relevante porque los recursos involucrados no pertenecen a funcionarios ni a operadores políticos.
Son recursos públicos.
Y detrás de cada peso destinado a una escuela, a una persona adulta mayor o a cualquier beneficiario existe dinero proveniente de los contribuyentes.
Por ello, cualquier señalamiento de manipulación de padrones, favoritismo empresarial, desvío, utilización indebida de programas o represalias contra denunciantes merece una investigación seria, independiente y documentada.
UNA DENUNCIA QUE AHORA EXIGE RESPUESTAS
El expediente presentado ante el Órgano Interno de Control coloca a las autoridades frente a una disyuntiva inevitable: investigar a fondo o cargar con el costo político de haber dejado sin respuesta acusaciones que podrían comprometer recursos públicos.
Hasta el momento, los señalamientos contenidos en la denuncia constituyen acusaciones que deberán ser acreditadas o descartadas por las autoridades competentes. La existencia de documentos, audios, conversaciones, padrones y testimonios no equivale por sí misma a una sentencia de responsabilidad.
Precisamente por eso se requiere una investigación.
Porque si las acusaciones son falsas, la funcionaria señalada tiene derecho a que se esclarezca su nombre.
Pero si las irregularidades existen, los responsables deben responder ante la ley.
Y en cualquiera de los dos escenarios, lo que no puede ocurrir es que una denuncia formal termine archivada en un cajón.
Los Programas para el Bienestar fueron creados para llegar a la población, no para convertirse en territorio de intereses particulares.
Ahora toca a las autoridades demostrar, con hechos y no con discursos, que el principio de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo” también aplica dentro de sus propias estructuras.
Redacción Reportaje Veracruzano
