Poder Judicial presume 99.3% de eficacia, pero mantiene bajo reserva las quejas contra jueces
Rosalba Hernández defiende los tiempos de resolución y pide distinguir entre expedientes en trámite y casos realmente rezagados
Xalapa, Ver. — Mientras el Poder Judicial de Veracruz presume haber resuelto en tiempo el 99.3 por ciento de los asuntos que le fueron turnados, las denuncias y quejas contra jueces permanecen bajo reserva, sin una cifra pública sobre cuántos procedimientos disciplinarios se encuentran actualmente en curso.
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV), Rosalba Hernández Hernández, sostuvo que los expedientes que permanecen abiertos no necesariamente representan retrasos, pues muchos continúan dentro de sus respectivas etapas procesales, particularmente en el desahogo de pruebas y la celebración de audiencias.
La funcionaria fue cuestionada por medios de comunicación al término de la Guardia de Honor a Miguel Hidalgo y Costilla, realizada en el parque de Los Berros, en Xalapa.
Hernández Hernández recurrió a los resultados institucionales para defender el desempeño del Poder Judicial.
“En el informe incluso señalamos que el 99.3 por ciento de los asuntos que fueron turnados se resolvieron en tiempo”, afirmó.
La cifra coloca sobre la mesa una interrogante inevitable: ¿qué ocurre con el 0.7 por ciento restante y cuánto tiempo llevan esos asuntos sin resolución?
La presidenta explicó que un expediente abierto no significa necesariamente que se encuentre paralizado. Algunos procedimientos, dijo, requieren cumplir etapas probatorias y celebrar audiencias antes de que el órgano jurisdiccional pueda emitir una determinación.
El matiz es relevante, particularmente para quienes esperan durante meses o incluso años una resolución judicial: no todo expediente pendiente es un expediente atrasado, pero la diferencia debe acreditarse caso por caso mediante los tiempos procesales correspondientes.
QUEJAS CONTRA JUECES, SIN CIFRAS PÚBLICAS
Otro de los puntos que quedaron sobre la mesa fue el número de denuncias o quejas existentes contra jueces.
La magistrada confirmó que estos procedimientos son atendidos por las instancias competentes, pero evitó proporcionar una cifra concreta. Argumentó que los procedimientos tienen carácter reservado mientras se encuentran en investigación o trámite.
Tampoco adelantó posibles responsabilidades.
Y jurídicamente, recordó, una denuncia no equivale a una culpabilidad. Corresponde a las autoridades competentes analizar las pruebas, respetar el debido proceso y determinar si efectivamente existió alguna irregularidad.
Sin embargo, el carácter reservado de estos procedimientos deja una zona de opacidad que solamente puede despejarse cuando los casos concluyen y legalmente sea posible conocer sus resultados.
JUECES, BAJO EL ESCRUTINIO CIUDADANO
Hernández Hernández también destacó la necesidad de que quienes imparten justicia actúen con sensibilidad frente a las personas que acuden a los tribunales.
No es un asunto menor. Una resolución judicial puede determinar la libertad, el patrimonio, la custodia de un menor, una obligación económica o el rumbo completo de la vida de una persona.
Por ello, además de la estricta aplicación de la ley, la actuación de los juzgadores debe sujetarse a las garantías procesales y a un análisis cuidadoso de cada expediente.
La presidenta insistió en que las determinaciones deben surgir del análisis jurídico y de las pruebas incorporadas al procedimiento, y no de factores externos.
UNA SENTENCIA NO SIEMPRE ES EL FINAL
Ante las inconformidades que puedan existir por resoluciones judiciales, la magistrada recordó que el sistema contempla mecanismos de impugnación.
Dependiendo del tipo de procedimiento, las partes pueden recurrir a una segunda instancia y, cuando legalmente corresponda, acudir posteriormente a mecanismos de control constitucional ante tribunales federales.
Es decir, una resolución desfavorable no necesariamente constituye el último capítulo de una controversia.
Pero precisamente ahí surge otra cuestión de fondo: que existan mecanismos para combatir una sentencia no elimina la obligación de que la primera resolución sea exhaustiva, imparcial y jurídicamente sólida.
El Poder Judicial sostiene que prácticamente la totalidad de los asuntos turnados fueron resueltos dentro de los plazos establecidos.
Ahora corresponde que ese 99.3 por ciento pueda ser entendido y contrastado con información verificable sobre los tiempos reales de resolución, mientras las quejas contra juzgadores deberán esperar el momento procesal en que puedan hacerse públicas sus conclusiones.
Por ahora, el mensaje institucional es claro: el Poder Judicial defiende sus tiempos de respuesta; las denuncias contra jueces permanecen bajo sigilo y los expedientes pendientes continúan avanzando.
La verdadera evaluación, sin embargo, no estará únicamente en los porcentajes, sino en la experiencia de quienes esperan justicia frente a un tribunal.
Redacción Reportaje Veracruzano
