Polìtica

Yunes Márquez denuncia ante la FGR presunta falsificación de su firma para extorsionar a casinos

Ciudad de México.- El senador Miguel Ángel Yunes Márquez presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta falsificación de su firma, la cual habría sido utilizada para exigir dinero a dos casinos ubicados en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con la información difundida sobre la denuncia, el nombre y una firma atribuida al legislador habrían sido utilizados para realizar gestiones ante los establecimientos y solicitarles alrededor de seis millones de pesos.

El caso ya fue turnado a la Fiscalía General de la República, que abrió la carpeta de investigación FED/CDMX/SPE/0003758/2026 para esclarecer los hechos y determinar quién estaría detrás del uso presuntamente indebido de la identidad y firma del senador.

La denuncia apunta a una posible utilización de documentos o comunicaciones que aparentarían provenir del legislador, situación que habría sido detectada a partir de las gestiones realizadas con los casinos.

El señalamiento ocurre además en medio de investigaciones y cuestionamientos previos relacionados con el uso de nombres de integrantes del Senado para realizar gestiones ante autoridades y particulares. Un reporte publicado en 2025 documentó señalamientos sobre una presunta red que habría utilizado la estructura legislativa y nombres de senadores para intervenir en asuntos externos al trabajo parlamentario.

Hasta ahora, la existencia de la denuncia y la apertura de la carpeta de investigación no significan que exista una persona responsable determinada ni una resolución judicial sobre los hechos. Corresponderá a la FGR realizar las diligencias, revisar la documentación involucrada y determinar si se configura algún delito.

El caso también coloca nuevamente bajo la lupa el manejo de documentos, firmas y comunicaciones atribuidas a legisladores, particularmente cuando son utilizadas para solicitar recursos o intervenir ante particulares.

La investigación se encuentra en curso y será la autoridad ministerial la que determine el alcance de los hechos denunciados y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

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