JUSTICIA TRAS UNA DÉCADA DE IMPUNIDAD: CINCO MARINOS SENTENCIADOS POR DESAPARECER A JACOB VICENTE EN COATZACOALCOS
Un fallo histórico que exhibe la responsabilidad del Estado en los crímenes de la «guerra contra el narco»
Coatzacoalcos, Veracruz | 12 de junio de 2025
Después de una década marcada por el silencio institucional, la revictimización y la resistencia tenaz de una familia que se negó a olvidar, la justicia finalmente habló: cinco elementos de la Secretaría de Marina han sido condenados a 40 años de prisión por la desaparición forzada de Jacob Vicente Jiménez González, un joven taxista de 27 años secuestrado por las fuerzas armadas el 25 de septiembre de 2015, en Coatzacoalcos, Veracruz.
El Juzgado Decimocuarto de Distrito sentenció a Feliciano N, Anáhuac N, Héctor Emanuel N, Miguel Ángel N y Pedro Iván N, por su participación en uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en el sur del estado. Esta condena marca un hito judicial en México: por primera vez, una corte federal emite una sentencia de esta magnitud contra miembros activos de la Marina por delitos de lesa humanidad.
La detención arbitraria de Jacob ocurrió durante el fallido operativo “Blindaje Coatzacoalcos”, lanzado por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa en 2014. Un despliegue conjunto de Marina, Fuerza Civil y Policía Estatal que, bajo el pretexto de restablecer el orden, terminó sembrando el terror entre la población civil. En este contexto se documentaron al menos 30 desapariciones forzadas, todas con un denominador común: la complicidad del Estado.
La sentencia, sin embargo, no se limita a la cárcel para los culpables. El juez federal ordenó que la Fiscalía General de la República continúe la búsqueda efectiva e inmediata de Jacob Vicente, que se indemnice a la familia por el daño material e inmaterial, y que se les proporcione atención psicológica y psiquiátrica especializada.
Además, el fallo exige un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte de las tres corporaciones involucradas: la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fuerza Civil. Este acto simbólico, aunque insuficiente para reparar el dolor, representa un precedente inédito de reconocimiento institucional ante un crimen de Estado.
La historia de Jacob Vicente no solo ha sido acompañada por colectivos de búsqueda y familiares de víctimas en Veracruz. Su caso atrajo la atención de organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que emitieron acciones urgentes y recomendaciones ignoradas por la Marina durante años.
La detención de los marinos ocurrió recién en 2022, casi siete años después del crimen, y solo gracias a la intervención directa de la FGR, luego de que las instancias estatales ocultaran, manipularan y obstaculizaran la investigación.
Este fallo no devuelve a Jacob, no llena el vacío ni borra la impunidad acumulada. Pero sí rompe con una narrativa institucional que durante años negó, minimizó y justificó los crímenes cometidos bajo la bandera de la seguridad nacional. Hoy, en un país con más de 110 mil personas desaparecidas, esta sentencia envía un mensaje claro: ni el uniforme ni el rango blindan a los perpetradores de la ley.
Para la familia de Jacob, para las madres buscadoras, para quienes han vivido años sin respuestas, este no es un final, es un parteaguas. El camino hacia la justicia apenas comienza, y la exigencia permanece intacta: que el Estado no solo castigue, sino que repare, busque y nunca más desaparezca.
Redacción Reportaje Veracruzano
