Violencia sexual infantil sigue impune en Veracruz: exigen acciones firmes a Nahle y Fiscal del Estado
Xalapa, Ver.– Frente a la cruda realidad del embarazo infantil como resultado directo de la violencia sexual, la organización civil Equifonía exigió a la gobernadora Rocío Nahle García y a la fiscal general Verónica Hernández Giadáns asumir su responsabilidad y actuar de forma inmediata, transparente y contundente.
Tras el reciente reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la relación directa entre embarazo infantil y abuso sexual, Equifonía hizo un llamado urgente para que el Gobierno de Veracruz y la Fiscalía General del Estado informen cuántas carpetas de investigación se han abierto por estos casos y qué medidas reales se están tomando para proteger a las niñas de entre 10 y 14 años.
Aracely González Saavedra, vocera de la organización, denunció que existe una evidente descoordinación institucional entre autoridades estatales y la Fiscalía, lo que ha perpetuado la impunidad en cientos de casos donde el agresor es, en más del 90 por ciento de los casos, un adulto de entre 30 y 50 años.
Según datos de la Dirección General de Información en Salud (2024), tan solo en municipios como San Andrés Tuxtla (25 casos), Veracruz (22), Papantla (18), Perote (18), y Xalapa (14), se registraron decenas de embarazos en niñas menores de 15 años. A nivel nacional, Veracruz ocupó el tercer lugar en embarazos de niñas de 10 a 14 años con 621 nacimientos, sólo detrás de Chiapas y el Estado de México.
“Lo más alarmante —dijo González Saavedra— es que menos del 2 por ciento de estas niñas accedieron a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Esto revela fallas graves en los servicios de salud y en el actuar de la Fiscalía, ya que muchos de estos embarazos deberían ser tratados como delitos de violación”, sentenció.
Asimismo, llamó a las procuradurías municipales a dejar de ser meras figuras decorativas y a actuar de oficio, sobre todo cuando el agresor es parte del núcleo familiar o existe encubrimiento de la madre o el tutor.
En conferencia de prensa, la activista señaló que, de acuerdo con la normativa vigente, el personal médico y de enfermería está obligado a notificar a la Fiscalía General del Estado cuando una menor llega a un hospital con signos de violencia sexual. Sin embargo, estos protocolos muchas veces se ignoran o se diluyen en la burocracia.
“El sistema está fallando. No hay coordinación entre sector salud y Fiscalía. No se está protegiendo a las niñas. Y la gobernadora Rocío Nahle no puede seguir callando frente a una crisis tan brutal”, aseveró.
Equifonía también solicitó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informe cuántas denuncias se han registrado formalmente, cuántas carpetas se han abierto y cuántas han derivado en sentencias.
Finalmente, invitaron a las familias que enfrentan este tipo de situaciones a acercarse a la asociación para recibir orientación y acompañamiento. “Las respuestas deben ser inmediatas, porque cada día de omisión puede derivar en un embarazo infantil más. Y eso es una forma de tortura”.
Este llamado pone contra las cuerdas al Gobierno de Veracruz. La pregunta queda abierta: ¿cuántos embarazos más se necesitan para que la justicia despierte?
