Crimen con premeditación y fármacos: Fiscalía imputa a célula delictiva por homicidio de funcionario de la CEAPP
El caso revela la peligrosidad de un modus operandi que crece ante la indiferencia institucional
Por: Redacción de Reportaje Veracruzano
Xalapa, Ver. | 13 de julio de 2025
La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la imputación formal de cinco personas por su presunta participación en los delitos de homicidio doloso calificado, homicidio en grado de tentativa y robo agravado, en agravio de dos trabajadores de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), uno de los cuales perdió la vida.
Los imputados —identificados como Ángel “N”, Lizeth Dinali “N”, Ana María “N”, Esther Berenice “N” y César Ángel “N”— formaban parte de una presunta célula delictiva dedicada a actividades comúnmente conocidas como “goteo”, es decir, la administración de sustancias psicoactivas a víctimas con el fin de robarles y posteriormente abandonarlas, en algunos casos sin vida.
Los hechos ocurrieron el pasado 25 de junio, cuando José Antonio Miranda González, proyectista de la CEAPP, y Óscar Canseco Jiménez, también extrabajador del mismo organismo, fueron presuntamente drogados en un establecimiento no especificado del área conurbada Xalapa-Banderilla. Posteriormente fueron despojados de sus pertenencias, incluyendo tarjetas bancarias que, según la Fiscalía, fueron utilizadas para realizar retiros de efectivo en cajeros automáticos.
Miranda González fue hallado sin vida horas después, en la colonia Salvador Díaz Mirón, en el municipio de Banderilla. Canseco Jiménez logró sobrevivir al ataque y fue clave en el desarrollo de las investigaciones. De acuerdo con versiones recogidas en la indagatoria, las víctimas habrían sido llevadas primero a un motel donde ocurrieron los hechos, para después ser abandonadas.
La Trilogía Investigadora logró recabar pruebas científicas y técnicas suficientes para solicitar y ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables. El juez de control dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, dentro del proceso penal 396/2025.
Este caso no solo revela la operación sistemática de una forma de crimen organizada y encubierta —que emplea seducción, manipulación química y violencia para obtener beneficios económicos— sino que expone con crudeza la vulnerabilidad en la que se encuentran incluso aquellos funcionarios cuya labor es precisamente garantizar la protección de los periodistas en Veracruz.
La gravedad del hecho exige respuestas institucionales inmediatas, no solo en términos judiciales, sino también en el fortalecimiento de políticas públicas de seguridad, inteligencia y control en espacios donde este tipo de células actúan con libertad.
Resulta inadmisible que crímenes como el perpetrado contra José Antonio Miranda González sucedan en la más completa normalidad, bajo un esquema delictivo ya conocido por las autoridades, pero aparentemente tolerado por omisión o negligencia.
Veracruz enfrenta un problema estructural de inseguridad que ha rebasado los límites del silencio institucional. Es tiempo de respuestas firmes y de una revisión profunda de los protocolos de protección de los propios servidores públicos, en especial los vinculados a la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos.
Redacción Reportaje Veracruzano
