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¡REEMPLACAMIENTO OBLIGATORIO EN VERACRUZ PARA 2026!


Una medida envuelta en seguridad, pero que apesta a recaudación

Por Redacción de Investigación
Reportaje Veracruzano

Veracruz, Ver., 16 de julio de 2025 — Con un tono de orden institucional y promesas de modernidad, la gobernadora Rocío Nahle García anunció este martes lo que muchos ya interpretan como una nueva embestida fiscal contra los veracruzanos: el reemplacamiento vehicular obligatorio en todo el estado a partir de 2026.

Aunque la mandataria aseguró que la medida “no tiene fines recaudatorios”, los antecedentes, la desconfianza social y el hartazgo ciudadano contradicen el discurso oficial. Según sus propias palabras, el objetivo es “ordenar el estado” y garantizar placas con chip de seguridad para crear una base de datos confiable… una narrativa que intenta justificar el cobro masivo que vendrá.

“Si hoy compras un vehículo, Hacienda ya te da una placa nueva… entonces el próximo año todos los vehículos del estado van a entrar a un reemplacamiento”, dijo Nahle.

¿Seguridad o saqueo institucionalizado?

La narrativa oficial intenta encubrir el golpe con palabras como “seguridad”, “ordenamiento” y “tecnología”. Pero detrás de los chips y la actualización del padrón vehicular, la realidad es que el gobierno veracruzano se prepara para meter la mano —una vez más— en el bolsillo de la población, que ya sufre una inflación que no cede, servicios públicos colapsados y una economía informal en aumento.

¿Dónde está el diagnóstico técnico que pruebe que el reemplacamiento mejorará la seguridad pública? ¿Cuáles son los datos que justifican esta acción como prioridad estatal? Las respuestas son evasivas o inexistentes.

Huerta contra Nahle: la fractura interna en Morena

La voz más crítica surgió desde el propio partido en el poder. El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, no dudó en calificar la medida como “un nuevo atraco al pueblo”. Y fue más allá: comparó el reemplacamiento veracruzano con la política de Andrés Manuel López Obrador, quien entregó placas sin costo durante su gestión como Jefe de Gobierno en la Ciudad de México.

“Ahí se gobernó con el pueblo, no en su contra”, sentenció Huerta, en una crítica directa a la gestión de Nahle, quien cada vez se aleja más del discurso de austeridad republicana que dio origen al movimiento.

Huerta recordó, además, que durante el gobierno de Cuitláhuac García se intentó implementar un reemplacamiento similar que fracasó por completo, dejando a cientos de conductores con pagos realizados y placas que nunca llegaron. “No aprendieron nada”, lamentó el legislador.

Taxis: la otra trampa

Nahle aprovechó su anuncio para señalar que también los taxis, muchos de ellos con permisos vencidos desde hace más de una década, serán obligados a regularizarse. Pero esta medida también despierta dudas: ¿quién otorgó esos permisos irregulares? ¿Qué funcionarios permitieron la proliferación de taxis pirata? ¿Y por qué ahora el ciudadano debe pagar por los errores de gobiernos pasados?

La misma historia con distinto chip

La promesa de un chip en las nuevas placas no borra la memoria colectiva: en Veracruz los cobros no siempre se traducen en beneficios reales. La seguridad pública sigue estancada, los sistemas de registro vehicular son ineficientes, y los trámites —en muchas ocasiones— están plagados de corrupción y burocracia.

Este nuevo reemplacamiento ya huele a otra estrategia para rellenar las arcas estatales, como ha ocurrido sexenio tras sexenio, usando cualquier pretexto —ordenamiento, modernización o digitalización— para disfrazar un impuesto obligatorio disfrazado de medida técnica.

¿Modernización o saqueo disfrazado?

Mientras el gobierno se apresta a publicar la convocatoria formal, el descontento crece en redes sociales, medios y calles. Los veracruzanos lo tienen claro: si el pretexto es “ordenar”, ¿por qué no se empieza por ordenar al propio gobierno que permite irregularidades, corrupción y caos administrativo?

Rocío Nahle prometió transformación, pero con este anuncio, muchos ya la acusan de repetir las peores prácticas del viejo régimen priista: cobrar sin explicar, prometer sin cumplir y gobernar sin escuchar.

Veracruz se prepara para un reemplacamiento… y para otra decepción institucional.

Redacción Reportaje Veracruzano

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