Terrorismo del crimen organizado en Coatzacoalcos: sicarios incendian autobús de empresario que se negó al cobro de piso
Coatzacoalcos, Veracruz.— La violencia del crimen organizado volvió a estallar con brutal claridad en Coatzacoalcos la noche del martes 22 de julio, cuando un autobús de turismo fue reducido a chatarra incandescente tras un presunto ataque con bombas caseras. El atentado habría sido perpetrado por sicarios, en represalia contra el empresario Mario Basurto Zetina por negarse al cobro de piso, una extorsión sistemática que ha convertido al sur de Veracruz en un campo minado para quienes intentan trabajar honestamente.
El ataque se registró en la esquina de Pedro Moreno y Flores Magón, colonia Manuel Ávila Camacho, donde la unidad —un Mercedes Benz Marcopolo, color azul, con número económico 023 y placas 490-RP-2 de la Ciudad de México— permanecía estacionada. A los pocos minutos, el autobús era pasto de las llamas, sin que ninguna autoridad preventiva lograra impedir el atentado.
Las primeras investigaciones apuntan al uso de artefactos incendiarios de fabricación casera, un método característico de los grupos delincuenciales que operan con impunidad total en la región. Este ataque no solo refuerza la hipótesis del cobro de piso como móvil, sino que evidencia la escalada de violencia contra el sector empresarial en Coatzacoalcos.
Pese a la gravedad del hecho, el empresario afectado ha preferido guardar silencio —quizá por miedo, quizá por desesperanza— mientras fuentes cercanas confirman lo que todos sospechan: que se trata de un mensaje mafioso, de esos que se entienden sin necesidad de palabras. Y, como ya es costumbre, no hay detenidos. Ni una sola pista oficial. Ni una señal de control gubernamental.
El contexto no podría ser más alarmante. El incendio de este autobús ocurre apenas días después de que una vivienda fuera incendiada en la calle Vicente Guerrero y un bar del centro fuera asaltado por un comando armado. Coatzacoalcos parece estar cayendo nuevamente en las sombras de aquel infierno de 2019, cuando el crimen organizado impuso su ley con sangre y fuego.
Al lugar del atentado acudieron agentes ministeriales y periciales para abrir una carpeta de investigación que, si sigue el patrón de impunidad habitual, terminará archivada sin justicia ni responsables. Las autoridades, una vez más, llegan tarde y vacías de respuestas. La fiscalía repite el guion oxidado de la “investigación en curso” mientras los criminales continúan imponiendo su propio estado de derecho.
Coatzacoalcos arde y el gobierno, por omisión o incapacidad, deja que el fuego avance. ¿Hasta cuándo la clase empresarial tendrá que pagar con su patrimonio —o con su vida— por atreverse a decir no al crimen? ¿Cuántos más tienen que callar, huir o morir para que el Estado recuerde que su principal deber es garantizar seguridad?
Este ataque no es un hecho aislado: es un síntoma de una enfermedad que ha hecho metástasis en el sur de Veracruz. Y mientras el silencio de las autoridades se convierte en complicidad, los ciudadanos quedan solos ante una violencia cada vez más desbordada.
Redacción Reportaje Veracruzano
