VERACRUZ.- El Coordinador de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, Mario Lozano Carbonell, ha sido acusado de cometer uno de los delitos más graves dentro de la función pública: la filtración de información confidencial de investigaciones ministeriales para beneficiar a ciertos medios de comunicación y atacar a periodistas críticos. Este escándalo pone nuevamente en la mira a la administración de la fiscal Verónica Hernández Giadans, quien contrató a Lozano Carbonell, pese a su historial polémico y la falta de un título profesional.
Las denuncias apuntan a que Lozano Carbonell ha estado traficando con información clasificada, incluyendo la divulgación de datos sensibles sobre órdenes de aprehensión y detalles de carpetas de investigación, un delito que está tipificado como grave en el Código Penal. Según las investigaciones, este funcionario ha establecido una red de cooperación con el portal “Versiones”, dirigido por José Ortiz, conocido por recibir pagos para publicar “exclusivas” favorables a quienes lo financian.
Este portal mercenario no es ajeno a la controversia. Anteriormente, Ortiz trabajó al servicio del exsecretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y más tarde con Jair García, quien fue despedido de la FGE por incompetencia y terminó dirigiendo la vocería del equipo de los Halcones de la Universidad Veracruzana, de donde también fue removido por comentarios sexistas. Ahora, su mayor fuente de información es Lozano Carbonell, un personaje que no solo ha sido señalado por manipular la información de la Fiscalía, sino también por ocupar su puesto sin tener la formación académica requerida para un cargo de tal envergadura.
Lo que agrava aún más este escándalo es que Verónica Hernández Giadans, fiscal general del estado, contrató a Lozano Carbonell a pesar de su turbio historial como defraudador de concesiones de taxis, cuando trabajaba en el Congreso de Veracruz. Este es el perfil de quien tiene acceso a información crucial para la impartición de justicia en Veracruz, y su accionar representa una afrenta directa contra la legalidad y la transparencia que debiera prevalecer en las instituciones del estado.
La gravedad del asunto no solo radica en la filtración de información, sino en el daño irreversible que esta práctica puede causar en las investigaciones en curso y en la reputación de periodistas que han sido blanco de ataques orquestados por estos medios mercenarios. Este tipo de delitos vulnera el derecho a la privacidad de las personas investigadas, así como la integridad del sistema judicial, y convierte a la Fiscalía en un escenario de corrupción y tráfico de influencias.
Las preguntas que surgen son inevitables: ¿hasta qué punto la fiscal general ha sido cómplice o negligente al permitir que personajes como Lozano Carbonell ocupen cargos tan sensibles? ¿Qué más se esconde detrás de la aparente red de intereses que involucra a la Fiscalía y a ciertos medios de comunicación dispuestos a vender su credibilidad por un precio?
Es imperativo que las autoridades tomen cartas en el asunto, no solo para investigar las acciones de Mario Lozano Carbonell, sino también para depurar a la Fiscalía de personajes que comprometen su misión de impartir justicia. Veracruz no puede seguir siendo rehén de funcionarios que, en lugar de servir al pueblo, utilizan los recursos públicos y la información confidencial para beneficio propio y para alimentar una maquinaria mediática corrupta.
Este escándalo demanda respuestas inmediatas y una intervención urgente para restaurar la confianza en las instituciones encargadas de la justicia en Veracruz.
Redacción Reportaje Veracruzano
