Xalapa, Ver.- La reciente ola de incendios forestales en Veracruz, presuntamente provocados de manera deliberada, ha desatado una crisis ambiental sin precedentes. Las autoridades han descubierto evidencias que apuntan al uso de bombas molotov y pequeñas garrafas con diésel como métodos para iniciar estos incendios, lo que ha generado una ola de indignación pública y un clamor por justicia.
En las últimas tres semanas, se han liquidado 68 incendios forestales, con otros 4 aún por cerrar y 24 en combate activo. Esta alarmante situación ha puesto en evidencia una coordinación y planificación detrás de estos eventos, sugiriendo un motivo intencional y malicioso. Sin embargo, a pesar de la gravedad de estos actos de sabotaje ambiental, las autoridades parecen estar dirigiendo su enfoque y recursos hacia otro frente: la represión de manifestantes.
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Numerosos informes y testimonios han señalado un uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno contra ciudadanos que protestan por la falta de acciones concretas para proteger los recursos naturales y castigar a los verdaderos culpables de los incendios. Las escenas de manifestantes pacíficos enfrentándose a la policía antidisturbios, recibiendo golpes y siendo arrestados arbitrariamente, contrastan con la aparente ineficacia y falta de contundencia en la búsqueda y captura de los responsables de los incendios.
Este doble estándar en la aplicación de la ley ha generado una creciente desconfianza y frustración en la población. Mientras los incendios continúan devastando la flora y fauna locales, y amenazando el equilibrio ecológico de la región, la respuesta gubernamental se percibe como desproporcionada y mal dirigida.
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Las autoridades locales y estatales han sido rápidas para reprimir a los manifestantes, utilizando tácticas agresivas que han sido ampliamente criticadas por organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, cuando se trata de identificar y capturar a los responsables de los incendios, la respuesta ha sido lenta y aparentemente ineficaz. Esta disparidad en la acción ha suscitado preguntas sobre las prioridades y motivaciones del gobierno.
En un contexto donde la protección del medio ambiente debería ser una prioridad absoluta, la represión de voces críticas y el uso excesivo de la fuerza contra ciudadanos preocupados por el futuro de sus comunidades es inaceptable. Las acciones gubernamentales deben centrarse en la identificación y sanción de los verdaderos responsables de los incendios, en lugar de silenciar a quienes buscan justicia y protección para su entorno.
La comunidad exige respuestas y resultados. La identificación y castigo de los saboteadores ambientales no solo es esencial para detener la ola de incendios, sino también para restaurar la confianza pública en las instituciones. Es crucial que el gobierno reoriente sus esfuerzos hacia la protección efectiva del medio ambiente y el respeto de los derechos ciudadanos, garantizando que la justicia prevalezca y que los verdaderos culpables enfrenten las consecuencias de sus acciones.
Reportaje Veracruzano