Poza Rica, Ver. – La controversia se cierne sobre la síndico Lizeth Guerra Gómez, quien ha tomado una postura alarmante al negarse a firmar un documento que denuncia el presunto mal manejo de la empresa Discricar. Esta negativa, en medio de un escándalo por irregularidades en la gestión de residuos, plantea serias preguntas sobre la ética y la transparencia en la administración pública de Poza Rica.
El documento en cuestión, respaldado por los regidores del ayuntamiento, del 1 al 12, no solo busca exponer las anomalías de Discricar, sino que también señala que tanto el alcalde Fernando Remes como Guerra Gómez se beneficiarían económicamente del contrato otorgado a esta empresa, que ha sido tildada de “patito” por su incapacidad de cumplir con las normativas y permisos necesarios para operar.
El respaldo de Guerra a una compañía vinculada a personajes como José Luis Lima Franco y el fallecido Amando Solís, así como al Procurador del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez, pone en tela de juicio su compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia, principios que la Cuarta Transformación proclama. Su postura sugiere un alineamiento con intereses particulares en lugar de un genuino apoyo a las demandas de los ciudadanos, quienes se ven afectados por la creciente acumulación de basura en sus colonias.
El regidor Víctor Benavides, junto a su colega Marisol Moreno, han sido las únicas voces que se alzan en favor de la transparencia y una gestión adecuada, señalando el desastroso impacto que ha tenido Discricar desde su contratación. Las evidencias apuntan a que el alcalde Fernando Remes Garza estaría recibiendo la jugosa cantidad de 300 mil pesos mensuales por apoyar a esta empresa, lo que añade una capa de complicidad y corrupción a la gestión municipal.
La indiferencia de la síndico y la aparente complicidad del alcalde son un reflejo sombrío de la situación en Poza Rica, donde los ciudadanos claman por una solución a la creciente crisis de residuos que los afecta directamente. Mientras tanto, la administración se sumerge en la sombra de la corrupción, desoyendo las exigencias de una población cansada de las promesas vacías.
Es imperativo que la ciudadanía tome cartas en el asunto y exija una respuesta clara y contundente. Poza Rica no merece ser un campo de juego para intereses particulares; su futuro depende de una gestión honesta y responsable que escuche y actúe en favor de su población. La lucha por la transparencia y la justicia empieza ahora.
Redacción Reportaje Veracruzano
