Cinco años después del asesinato de la periodista María Elena Ferral, la justicia sigue siendo esquiva en Veracruz

Por: Marco Antonio Palmero Alpirez
30 de marzo de 2025 | Poza Rica, Veracruz, México
Reportaje Veracruzano

Hoy se cumplen cinco años desde que María Elena Ferral Hernández, una periodista veterana conocida por su valiente cobertura sobre corrupción y crimen en el estado de Veracruz, fue asesinada a tiros en pleno día en una calle concurrida de Papantla, un pueblo reconocido como «Pueblo Mágico» por su riqueza cultural. El homicidio, ocurrido el 30 de marzo de 2020 frente a la extinta Notaría No. 6 en la calle Mina, conmocionó a la comunidad periodística de México y evidenció el peligroso entorno que enfrentan los reporteros en uno de los países más letales para la prensa en el mundo. A cinco años de su muerte, la búsqueda de justicia sigue entrampada entre reveses legales, sospechosos prófugos y una persistente sensación de impunidad.

Ferral, corresponsal de Diario de Xalapa y fundadora del medio Quinto Poder de Veracruz, fue emboscada alrededor de las 11 de la mañana por agresores que dispararon múltiples veces, impactándola en el torso. A pesar de una cirugía de emergencia en un hospital local y su traslado al centro médico regional en Poza Rica, falleció esa misma noche. Su asesinato fue el número 24 de un periodista en Veracruz en un lapso de ocho años, consolidando la reputación del estado como un cementerio para quienes se atreven a exponer la corrupción política y el crimen organizado.

En estos cinco años, las autoridades mexicanas han logrado avances en la persecución de algunos implicados, con ocho personas detenidas y varias sentenciadas. Sin embargo, el caso está marcado por inconsistencias, decisiones judiciales controvertidas y la fuga de presuntos autores intelectuales, lo que pone en duda el compromiso real del gobierno con la justicia. María Fernanda de Luna Ferral, hija de la periodista, se ha convertido en una firme defensora de la causa, liderando protestas y denunciando lo que describe como una «impunidad total» que amenaza con desmoronar el caso.

Es aberrante que Morena haya postulado a Dolores Gutiérrez Saavedra, esposa del presunto autor intelectual del asesinato de María Elena Ferral, como suplente de Miriam García Guzmán, hoy diputada por Papantla tras ganar en 2024. Con actas avaladas por sus familiares en el poder, este nepotismo descarado apesta a corrupción. ¿Cómo justifica Morena encumbrar a alguien ligada a un crimen atroz mientras su titular legisla? La justicia sigue burlada.

Arrestos y condenas en un camino tortuoso

La investigación ha tejido una compleja red de sospechosos, desde sicarios contratados hasta un excolega y una figura política local. En mayo de 2023, la jueza Gabriela Ordorica Ávila sentenció a tres hombres —Alfredo Pérez Jiménez, Othoniel Hernández Cano y Carlos Pérez Jiménez— a 30 años de prisión cada uno por su participación directa en el crimen. Según la fiscalía, Othoniel condujo la motocicleta usada en el ataque, mientras que Alfredo y Carlos, hermanos, vigilaron a Ferral y señalaron su ubicación al tirador. También se les ordenó pagar reparaciones a la familia, aunque el monto no ha sido revelado.

Otros arrestos incluyeron a Luis Ángel «La Güicha» N, detenido en julio de 2022 y acusado de homicidio en el proceso 46/2020, aún en curso. José N, un exreportero, fue capturado en abril de 2020 tras descubrirse un mensaje de texto que presuntamente lo vinculaba al complot; recibió una condena de 15 años. Nicasio N fue sentenciado a 30 años en junio de 2023, y Efraín Rivera Hernández, exregidor de Papantla y líder taxista vinculado a una facción poderosa, fue arrestado en 2021 y sigue bajo custodia a la espera de sentencia. Luis «El Coco» N y Alfredo «El Fello» N también fueron detenidos en un operativo en Poza Rica en abril de 2020.

Sin embargo, por cada avance hay un retroceso. El 28 de febrero de 2024, Antonio N, un taxista acusado de ser vigía o «halcón» en el asesinato, quedó en libertad tras obtener un amparo federal que revocó su vinculación al caso. La decisión, ratificada por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito bajo el expediente 304/2023, determinó que no había pruebas suficientes contra él, lo que la familia de Ferral y activistas calificaron como un golpe devastador para la investigación. La defensa de Antonio argumentó que una declaración autoinculpatoria fue obtenida sin la presencia de un abogado, haciéndola inadmisible.

Prófugos y la sombra del poder

El fracaso más evidente es la incapacidad para capturar a dos figuras clave señaladas como posibles autores intelectuales: Basilio «N» Picazo Pérez, exdiputado y exalcalde de Coyutla, y Jaime «El Ingeniero» N. Picazo, un cacique políticamente conectado en la región de Totonacapan, fue acusado repetidamente por Ferral de amenazar su vida, algo que ella documentó en sus columnas y en una denuncia penal de 2016. A pesar de 11 órdenes de aprehensión emitidas en 2020, sigue prófugo, y su influencia proyecta una larga sombra sobre la investigación. Jaime, quien supuestamente proporcionó la motocicleta y el arma usadas en el ataque, también permanece en libertad.

La cobertura de Ferral apuntó frecuentemente al autodenominado Grupo Totonacapan, una red de élites políticas y económicas del norte de Veracruz que ella acusó de orquestar violencia y corrupción. Su última columna, publicada 16 días antes de su muerte, expuso el rol del grupo en ordenar asesinatos de rivales políticos, una revelación que muchos creen marcó su sentencia de muerte. Los vínculos de Basilio Picazo con el establishment gobernante de Veracruz, incluyendo una relación documentada con Marcela Aguilera Landeta, actual jefa de investigaciones ministeriales del estado, han alimentado especulaciones de interferencia o reticencia para perseguirlo con vigor.

Un legado en riesgo

María Elena Ferral no era ajena al peligro. En sus 30 años de carrera, ganó reconocimientos a nivel local, estatal y nacional por su cobertura tenaz de crimen, desapariciones y abusos políticos. Sobrevivió a un ataque en 2012 y continuó trabajando con medidas de protección estatales temporales, que fueron retiradas en 2017 bajo pretextos dudosos. Su asesinato fue un silenciamiento calculado de una voz que rehusó ceder ante la intimidación.

Hoy, su legado vive a través de su hija Fernanda, quien asumió la dirección de Quinto Poder y sobrevivió a su propio intento de asesinato en mayo de 2020. En una protesta reciente en Xalapa, Fernanda deploró la liberación de Antonio N y la falta de avances contra Picazo. “Nos prometieron justicia”, dijo con voz entrecortada. “Pero a cinco años, parece una mentira.”

Una crisis más amplia

El caso de Ferral refleja una epidemia mayor de violencia contra periodistas en México, donde al menos 12 han sido asesinados desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió en 2018, incluyendo cinco en Veracruz bajo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. El estado, rico en petróleo e historia, sigue siendo un crisol de impunidad, con Article 19 documentando 36 ataques a periodistas allí solo en 2023.

Mientras Papantla conmemora este sombrío aniversario, los cabos sueltos del asesinato de Ferral —autores prófugos, un sospechoso liberado y una familia agraviada— son un recordatorio del costo de la verdad en México. Por ahora, el «Pueblo Mágico» llora no solo a una hija perdida, sino a un sistema de justicia que parece eternamente fuera de alcance.