Ejecutado por la Policía: El asesinato de un joven en Fortín expone la impunidad y negligencia oficial
¿Quién protege a los ciudadanos cuando sus propios guardianes se convierten en verdugos?
Fortín, Veracruz. — La madrugada del viernes 1 de marzo, Pablo “N”, un joven de apenas 19 años, fue ejecutado a balazos por un policía municipal de Fortín. No murió en un enfrentamiento. No amenazaba a nadie. Simplemente, un uniformado, que supuestamente juró proteger y servir, decidió que su vida no valía nada y lo abatió sin piedad.
Este no es un caso aislado. Es el reflejo de un sistema podrido donde los policías, en lugar de representar seguridad, encarnan el terror. Un sistema que el alcalde Gerardo Rosales Victoria encabeza con negligencia criminal, permitiendo que su policía actúe sin preparación, sin control, sin supervisión.
Los hechos: un disparo mortal y una administración cómplice
El crimen ocurrió en la colonia Ricardo Ballinas, donde testigos aseguran que el joven no representaba ninguna amenaza. Aún así, el oficial desenfundó su arma y disparó. No una advertencia. No una inmovilización. Disparó a matar.
Tras la ejecución, otros policías detuvieron a su propio compañero y lo entregaron a las autoridades. Pero, ¿es suficiente detener al sicario con uniforme cuando el verdadero responsable sigue en el poder?
Porque aquí hay preguntas que el alcalde Gerardo Rosales Victoria no puede evadir:
¿Quién autorizó que un individuo así portara un arma?
¿Dónde están los exámenes de control y confianza que supuestamente garantizan que los policías sean aptos para el servicio?
¿Cuántas víctimas más necesita Fortín para que el alcalde despierte de su indolencia?
La realidad es clara: en Fortín no hay garantías de seguridad. Hay una policía sin preparación y un gobierno que encubre su ineptitud con el silencio.
La lucha por justicia: ¿será otro caso archivado?
Los padres de Pablo “N” han interpuesto una denuncia formal contra el policía homicida. La Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Verónica Hernández Giadáns, ha anunciado que el agente será enviado al penal de La Toma y presentado ante un juez de control.
Pero la comunidad ya no se traga las promesas vacías. Exige justicia real. Justicia que no se limite a encarcelar a un solo asesino, sino que alcance a quienes permitieron que un criminal con uniforme estuviera en las calles.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Fortín guarda un silencio cómplice. No ha emitido ningún pronunciamiento oficial. No ha mostrado el menor interés en asumir su responsabilidad. Como si callar fuera suficiente para enterrar el crimen.
La crisis de la seguridad en Veracruz: la historia se repite
El asesinato de Pablo “N” es un episodio más en la larga lista de abusos policiacos en Veracruz. No es la primera vez que un joven es ejecutado por quienes deberían protegerlo. No es la primera vez que un alcalde se lava las manos ante una tragedia.
El año pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) advirtió sobre el crecimiento del abuso de autoridad en las policías municipales. ¿Y qué hizo el gobierno de Fortín? Nada.
El crimen de Pablo “N” es el resultado de esa inacción. Es el precio de la impunidad. Es la prueba de que, en Veracruz, vestirse de policía es la licencia perfecta para matar.
¿Habrá consecuencias o seguirán matando jóvenes?
El asesinato de Pablo “N” no puede ser otro caso olvidado en los archivos de la Fiscalía. Si no hay justicia, si la impunidad gana otra vez, ¿cuánto tiempo pasará antes de que otro joven sea ejecutado por la misma policía?
Las autoridades tienen la obligación de dar respuestas. De poner fin a este descontrol. Pero si el alcalde Gerardo Rosales Victoria sigue fingiendo que no es su problema, entonces la verdadera pregunta es: ¿cuándo rendirá cuentas él también?
Redacción Reportaje Veracruzano
