El OPLE y el festín electoral: ¿Quién vigila el gasto en Veracruz?
Xalapa, Veracruz, 31 de marzo de 2025.- En un acto que destila más opacidad que claridad, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz aprobó el pasado viernes 28 de marzo los topes de gastos de campaña para las elecciones municipales que arrancarán el próximo 29 de abril. Con un botín total de 48 millones 196 mil 187.20 pesos a repartir entre los 212 municipios del estado, los partidos políticos y candidatos independientes se alistan para un mes de derroche disfrazado de democracia. Pero, ¿quién garantiza que estos recursos, en su mayoría públicos, no se conviertan en un cheque en blanco para la corrupción electoral?
El acuerdo del OPLE, presentado como un ejercicio de transparencia, fija un valor unitario por voto de 20.38 pesos, calculado con base en el padrón electoral de 6 millones 118 mil 913 ciudadanos, excluyendo a los 71 mil 553 veracruzanos en el extranjero, cuya voz sigue sin contar por la falta de regulación del voto foráneo. Sin embargo, detrás de las cifras frías y los criterios técnicos —inflación, duración de campañas y un nebuloso «factor socioeconómico»— se esconde una realidad incómoda: la asignación de recursos parece más un traje a la medida de los grandes bastiones políticos que un reflejo equitativo de las necesidades de los municipios.
La brecha del despilfarro: ¿Democracia o negocio?
Un vistazo a la distribución de los topes revela contrastes que rayan en lo grotesco. Mientras Xalapa, la capital, se embolsa 2 millones 505 mil 359.47 pesos, y Veracruz Puerto ostenta el mayor presupuesto con 3 millones 095 mil 081.52 pesos, municipios como Landero y Coss apenas alcanzan los 13 mil 374.35 pesos, y Tuxtilla se conforma con 17 mil 915.24 pesos. ¿Es esto proporcionalidad o una burla a la equidad? ¿Qué propuesta de gobierno puede financiarse con tan míseros montos en comunidades donde la pobreza y la marginación son la norma?
En el otro extremo, ciudades como Coatzacoalcos (1 millón 506 mil 374.94 pesos), Papantla (1 millón 258 mil 791.49 pesos) y Poza Rica (924 mil 566.85 pesos) se convierten en los reyes del dispendio electoral. ¿Coincidencia que sean zonas de peso político y económico? El OPLE justifica estas disparidades con el número de votantes y el costo por sufragio en la elección de 2021, pero el cálculo deja un regusto amargo: los municipios pequeños, muchos de ellos indígenas y rurales, parecen condenados a campañas de segunda, mientras las urbes se ahogan en propaganda.
El reloj electoral y las preguntas sin respuesta
Las campañas, que correrán del 29 de abril al 28 de mayo, prometen ser un espectáculo de 30 días donde los candidatos de los seis partidos en contienda —y los pocos valientes independientes— gastarán a manos llenas para seducir a un electorado hastiado. Pero, ¿dónde está el candado que evite el desvío de estos fondos? ¿Quién fiscalizará que los 48 millones no terminen en bolsillos privados o en la compra descarada de votos? El OPLE, con su historial de cuestionamientos, no inspira confianza como árbitro imparcial.
El calendario electoral marcó el 2 de marzo como límite para registrar candidaturas, pero a un mes de esa fecha, las negociaciones internas de los partidos ya anticipan una danza de imposiciones y dedazos. ¿Cuánto de este presupuesto se usará realmente en propuestas y cuánto en la maquinaria de siempre: acarreos, dádivas y promesas vacías?
El voto, a precio de ganga
Con un costo por voto de 20.38 pesos, el OPLE ha puesto precio a la voluntad ciudadana. En un estado donde la pobreza extrema afecta a más de un millón de personas, según el CONEVAL, ese monto suena más a una limosna que a una inversión en democracia. Municipios como Tehuipango (218 mil 917.45 pesos) o Mixtla de Altamirano (98 mil 424.37 pesos), con fuertes raíces indígenas, tendrán que estirar cada peso frente a gigantes como Boca del Río (775 mil 978.00 pesos), donde el lujo electoral parece garantizado.
El OPLE presume que su fórmula considera el índice de inflación y datos socioeconómicos oficiales, pero no explica por qué las brechas entre municipios son tan abismales. ¿Es esta la «justicia electoral» que Veracruz merece, o solo una cortina de humo para legitimar el festín de los de siempre?
El desafío: más allá de los millones
A días de que arranque la contienda, la ciudadanía tiene derecho a exigir respuestas. ¿Cómo se asegurará que estos 48 millones no se evaporen en la opacidad? ¿Qué mecanismos reales de rendición de cuentas impondrá el OPLE? Y, sobre todo, ¿hasta cuándo el voto veracruzano seguirá siendo una moneda de cambio en manos de quienes ven las elecciones como un negocio y no como un ejercicio de soberanía?
El reloj avanza, los candidatos afilan sus discursos y los millones ya están sobre la mesa. Veracruz, una vez más, se juega su futuro entre promesas caras y realidades baratas.
Redacción Reportaje Veracruzano
