Caos y corrupción amenazan al DIF de Veracruz: una dura exposición sobre el colapso administrativo
XALAPA, VERACRUZ — 4 de abril de 2025
En una revelación que podría sacudir los cimientos de la administración de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal se encuentra al borde del desastre, atrapado en una red de incompetencia administrativa, luchas internas de poder y posibles actos de corrupción que ponen en riesgo su acceso a programas federales cruciales.
Fuentes cercanas al organismo describen un panorama desolador, con una dirección desorganizada encabezada por Clara Mora, quien lidera un barco a la deriva mientras su autoridad se ve socavada por un equipo de subdirectores fracturado y sometido al férreo control de Andrea Peña, responsable administrativa y jurídica del organismo.
En el corazón de este escándalo se encuentra una serie de errores operativos tan graves que podrían cortar el acceso de Veracruz a apoyos nacionales fundamentales, y las acusaciones ya han comenzado.
La crisis estalló al descubrirse que los lineamientos operativos del DIF Estatal —supuestamente aprobados por el DIF Nacional— están plagados de errores. Errores tan profundos que podrían descalificar al estado de los fondos federales destinados a poblaciones vulnerables. Según los informantes, estos lineamientos defectuosos, una bomba burocrática a punto de estallar, llevan la firma de Carla Lizeth Rosas Mora, exdirectora de Atención a Poblaciones Vulnerables, quien actualmente ocupa el cargo de directora general del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV).
Convenientemente, Rosas Mora se ha convertido en el chivo expiatorio del momento, el blanco perfecto para desviar culpas en un escándalo que huele a una podredumbre mucho más profunda. Pero, ¿es ella la cabeza de turco de una conspiración más amplia de negligencia… o algo peor?
La verdadera historia, insisten las fuentes, está en el liderazgo actual del DIF. Clara Mora, designada por Nahle con gran fanfarria como un símbolo de «sensibilidad y servicio», parece estar rebasada, con una gestión marcada por la falta total de cohesión entre sus mandos medios. Los subdirectores, paralizados por conflictos internos, han sido neutralizados por la influencia dominante de Andrea Peña, cuya presencia ha generado rumores sobre un régimen en la sombra.
Peña, encargada de guiar el rumbo administrativo y legal del organismo, está ahora bajo la lupa ante las próximas licitaciones públicas clave para la operación del DIF. Circulan versiones de que estos procesos ya estarían contaminados, con la intervención desmedida de Peña levantando sospechas sobre la transparencia e imparcialidad. Si se confirman, estos señalamientos podrían hundir al DIF en un pantano legal y financiero que pondría en riesgo su misión institucional.
La situación no podría ser más crítica. El DIF de Veracruz, concebido como un salvavidas para los sectores más vulnerables —niños, adultos mayores, personas con discapacidad— corre el riesgo de ser excluido por el DIF Nacional, lo que implicaría perder millones en apoyos federales. Los lineamientos operativos, que debían ser una formalidad, se han convertido en la evidencia de un vacío de liderazgo y una ruptura en la cadena de mando tan severa que raya en el sabotaje.
¿Cómo pudo pasar desapercibido un documento tan crucial, con el nombre de Rosas Mora impreso? ¿Fue simple incompetencia, o un acto deliberado para encubrir a los verdaderos responsables?
La responsabilidad, al parecer, recae directamente en Rocío Nahle. Su administración, con apenas cuatro meses en funciones, prometía una nueva era de rendición de cuentas y servicio público. Sin embargo, este escándalo revela una realidad inquietante: un gobierno demasiado ingenuo para detectar la podredumbre o demasiado cómplice como para importarle.
Rosas Mora, una funcionaria cercana a Nahle —hija de la alcaldesa de Nanchital, Esmeralda Mora Zamudio— pudo haber sido utilizada como peón, pero el caos comenzó mucho antes de su salida. Una investigación administrativa profunda no solo es necesaria, sino urgente. ¿Quién redactó los lineamientos? ¿Quién los aprobó? ¿Y por qué se susurra el nombre de Andrea Peña como si fuera la titiritera tras bambalinas?
El pueblo de Veracruz merece respuestas, no cabezas de turco. Si el equipo de Nahle realmente quiere proteger su legado —y la reputación de su familia— debe dejar de buscar culpables convenientes y comenzar a identificar a los verdaderos artífices de este desastre. El tiempo corre, y las consecuencias podrían ser catastróficas. Las autoridades federales ya observan de cerca, y la caída del DIF sería una mancha que Nahle quizá nunca logre borrar.
Esto no es un simple error burocrático: es una traición a la confianza pública, y el silencio de la gobernadora no hará más que avivar el incendio.
Redacción Reportaje Veracruzano
