El crimen organizado somete la democracia en Veracruz: candidatos huyen, la gobernadora niega
VERACRUZ, México – A menos de tres semanas del arranque oficial de las campañas para renovar las 212 alcaldías de Veracruz, el proceso electoral está al borde del colapso. El crimen organizado no solo amenaza, secuestra y asesina; impone su ley, forzando la renuncia de al menos 18 aspirantes a presidencias municipales y dejando un rastro de miedo que ahoga la democracia. Mientras tanto, la gobernadora Rocío Nahle García se aferra a una narrativa de negación que insulta la realidad: minimiza los hechos, acusa a los candidatos de “montar campañas de pánico” y evade su responsabilidad frente a una crisis que tiene al estado en jaque.
El saldo es devastador. Desde febrero, dos precandidatos han sido asesinados, al menos dos han sido reportados como secuestrados y más de una docena han abandonado sus aspiraciones tras recibir amenazas directas. Carlos Ramsés Neri, precandidato de Morena en Paso del Macho, fue privado de la libertad el 6 de febrero y encontrado sin vida al día siguiente, junto a su hermano Daniel. Vicente Domínguez Aparicio, aspirante de Morena en Cotaxtla, fue secuestrado el 9 de febrero y liberado cuatro días después, marcado por la violencia.
El Partido del Trabajo (PT) no ha corrido mejor suerte: el 8 de abril, José Hernández Cayetano, candidato en Las Vigas de Ramírez, fue secuestrado durante una gira rural. Aunque fue liberado al día siguiente, el episodio —que realmente fue un autosecuestro— expuso la manipulación a la que pueden optar los políticos por ganar votos. Crispín Hernández Sánchez, también del PT, vio su camioneta baleada e incendiada el 1 de abril en Mixtla de Altamirano, mientras que Anell Acevedo, candidata en La Antigua, renunció el 23 de marzo tras amenazas contra ella y sus hijos.
Movimiento Ciudadano (MC) reporta el mayor número de bajas: al menos cinco de sus candidatos han desertado tras intimidaciones, y ocho han solicitado protección al Organismo Público Local Electoral (OPLE), según su presidenta, Marisol Delgadillo Morales. El PAN no se queda atrás: Iván López, aspirante en Cosautlán de Carvajal, renunció el 28 de marzo tras actos de vandalismo y amenazas contra su familia. Incluso Morena, el partido en el poder, no es inmune: Elvia Merlín Castro abandonó su candidatura en Cosoleacaque el 3 de abril, citando temor por su seguridad, aunque Nahle desestimó su denuncia por “no ser formal”.
La gobernadora, en un ejercicio de ceguera política, insiste en que no hay “focos rojos”. En una conferencia el 7 de abril, afirmó conocer solo cinco solicitudes de seguridad —todas de MC— y acusó a los aspirantes de exagerar en redes sociales para generar alarma. “Sean serios”, espetó, mientras el estado se desangra bajo la sombra del crimen.
Su postura contrasta con las voces de los partidos. Adolfo Márquez, líder del PRI, advierte que la delincuencia está “metida de lleno” en el proceso. Luis Carbonell de la Hoz, de MC, denuncia que las amenazas son sistemáticas. Hasta el PT, aliado histórico de Morena, exige medidas urgentes tras los ataques a sus candidatos.
La impunidad reina. Los cárteles operan con descaro, sabiendo que el gobierno estatal prefiere mirar hacia otro lado. La quema de vehículos, los secuestros exprés y las advertencias anónimas son solo la punta del iceberg. Fuentes locales sugieren que el crimen no solo busca intimidar, sino imponer candidatos afines en plazas clave como Coatzacoalcos, Acayucan y Poza Rica. La ausencia de una estrategia de seguridad efectiva —más allá de las promesas vacías de Nahle— deja a los aspirantes a merced de los grupos criminales.
El impacto trasciende las campañas. La violencia política en Veracruz no es nueva: en 2021, ocho candidatos fueron asesinados, y en 2024 el estado registró 40 agresiones contra políticos, según el informe Votar entre Balas. Sin embargo, la pasividad del gobierno actual agrava la crisis. La negativa de Nahle a reconocer la magnitud del problema no solo desampara a los candidatos, sino que desincentiva la participación ciudadana en las urnas, prevista para el 1 de junio. ¿Quién votará con libertad cuando el crimen decide quién compite?
Es hora de exigir cuentas. ¿Dónde está la coordinación con las autoridades federales? ¿Por qué el OPLE y el INE no han activado protocolos robustos de protección? ¿Cómo justifica Nahle su indiferencia mientras los candidatos huyen y las familias lloran? Veracruz no puede seguir siendo un cementerio de sueños democráticos. La gobernadora debe abandonar su negacionismo y actuar, o la historia la juzgará como cómplice de un sistema que entrega la política al mejor postor armado.
Redacción Reportaje Veracruzano
