El escándalo de Segalmex: Hugo Buentello Carbonell, el exfuncionario atrapado en la red de corrupción que desangró al erario mexicano
En un nuevo capítulo del escándalo que ha sacudido los cimientos de la administración pública mexicana, Hugo Buentello Carbonell, exsubdirector de Operaciones de Liconsa, fue detenido el pasado 11 de abril de 2025, acusado de ser una pieza clave en la multimillonaria red de corrupción que saqueó Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). La captura, confirmada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y registrada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), no solo expone las entrañas de un desfalco que inicialmente se estimó en 15,000 millones de pesos, sino que plantea preguntas inquietantes: ¿cómo fue posible que una entidad creada para garantizar la seguridad alimentaria se convirtiera en un pozo sin fondo de desvíos y contratos fantasmas? Y, más aún, ¿quiénes más están implicados en esta trama que parece alcanzar los círculos más cercanos al poder?
Un arresto que destapa la cloaca
Buentello Carbonell, descrito en la ficha de detención como un hombre de 1.80 metros, tez blanca, cabello canoso y cejas pobladas, fue aprehendido al salir de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, un detalle que levanta sospechas sobre posibles intentos de evadir la justicia mexicana. La Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por delitos graves: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos cargos derivan de su gestión en Liconsa, filial de Segalmex, entre septiembre de 2019 y marzo de 2021, periodo en el que firmó contratos millonarios plagados de irregularidades.
El caso de Buentello no es aislado. Forma parte de una red que incluye a otros exfuncionarios ya detenidos, como Édgar Alejandro Armenta Peralta (abril de 2023) y René Gavira Segreste (diciembre de 2023), ambos firmantes de un contrato fraudulento con Grupo Vicente Suárez 73 S.A. de C.V. por 86 millones de pesos, para adquirir 50,000 bolsas de leche en polvo que nunca fueron entregadas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que esta empresa subcontrató el 100 % del servicio y que Liconsa no presentó evidencia de haber recibido el producto, un esquema que huele a simulación y desvío descarado.
Contratos fantasmas y redes internacionales de lavado
El historial de Buentello en Liconsa es un catálogo de irregularidades. Uno de los contratos más escandalosos fue con ILAS México, una empresa señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2019 como parte de una red internacional de lavado de dinero mediante el envío de alimentos a Venezuela. Liconsa, bajo la autorización de Buentello, le otorgó un contrato por 320 millones de pesos en 2019, modificado en 2020 con su aval, sin que se haya aclarado si los productos contratados fueron entregados.
Otro caso flagrante involucra a Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac), que junto con Grupo Vicente Suárez participó en esquemas que dispersaron más de 400 millones de pesos por ventas simuladas de productos lácteos. Estos contratos, firmados durante la gestión de Buentello, no solo carecen de pruebas de cumplimiento, sino que parecen diseñados para desviar recursos públicos a bolsillos privados.
La pregunta es inevitable: ¿cómo pudo un subdirector de Operaciones firmar contratos de esta magnitud sin supervisión? ¿Dónde estaban los controles internos de Segalmex y Liconsa? Y, más grave aún, ¿por qué la Secretaría de la Función Pública (hoy Secretaría Anticorrupción) minimizó el desfalco en 2023, reduciéndolo de 15,000 a 2,700 millones de pesos tras supuestas «aclaraciones»? Este maquillaje de cifras sugiere un intento de proteger a los verdaderos responsables, posiblemente ubicados en esferas más altas.
Conflictos de interés y nexos con el poder
La sombra de Buentello se extiende más allá de Segalmex. Como accionista de Industrias Wohl, propietaria de la marca de mobiliario urbano “Grava y Arena”, se benefició de contratos con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). En al menos seis obras, con una inversión de 1,000 millones de pesos, Sedatu impuso como requisito la instalación de productos de esta marca, un claro conflicto de interés, dado que Buentello era funcionario público cuando comenzaron estas licitaciones.
Peor aún, investigaciones de MCCI han vinculado a Buentello con la red de amigos de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta conexión, revelada en 2023, sugiere que el exfuncionario operaba en un círculo privilegiado que aprovechó contratos gubernamentales para enriquecerse. La coincidencia de que Industrias Wohl comparta domicilio en Polanco con otra empresa ligada a este grupo refuerza la percepción de una red de tráfico de influencias que trasciende Segalmex.
Un sistema diseñado para el saqueo
El caso Segalmex no es un accidente, sino el reflejo de un sistema que permitió el saqueo bajo el pretexto de combatir la pobreza alimentaria. Creada en 2019 para garantizar la distribución de alimentos básicos, Segalmex se convirtió en un símbolo de corrupción estructural. Desde compras ficticias de leche y granos hasta inversiones ilegales en valores bursátiles, la entidad fue un campo fértil para el desvío de recursos. La detención de Buentello, junto con la de otros exfuncionarios como Manuel Lozano Jiménez (arrestado en Argentina en 2023) y las órdenes de aprehensión contra 22 implicados, evidencia la magnitud del problema, pero también la lentitud de la justicia.
La desaparición de Segalmex, ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum en 2025, no borra las preguntas pendientes: ¿quiénes fueron los beneficiarios finales de los desvíos? ¿Por qué figuras como Ignacio Ovalle Fernández, exdirector de Segalmex, no han sido tocadas pese a las sospechas de su involucramiento? Y, sobre todo, ¿se recuperará el dinero robado o quedará como un capítulo más de impunidad?
La justicia a cuentagotas y el clamor ciudadano
La detención de Hugo Buentello Carbonell es un paso, pero no una victoria. Mientras el exfuncionario permanece “en traslado” hacia un juez federal en Almoloya de Juárez, la ciudadanía exige sanciones ejemplares y la recuperación del erario. El caso Segalmex no solo es un robo al presupuesto público, sino una traición a los millones de mexicanos que dependen de programas sociales para sobrevivir. La opacidad en el manejo de recursos, la falta de controles y los nexos con el poder político pintan un panorama desolador.
Este escándalo debe ser un punto de inflexión. La FGR tiene la oportunidad de desmantelar por completo la red de corrupción que operó en Segalmex, pero solo lo logrará si va más allá de los operadores como Buentello y apunta a los verdaderos arquitectos del desfalco. La sociedad mexicana, harta de promesas vacías, observa con escepticismo. ¿Será este el momento en que la justicia deje de ser selectiva? El tiempo, y las acciones de las autoridades, lo dirán.
Redacción Reportaje Veracruzano
