¡Emboscados por la Fiscalía! Agentes ministeriales encañonan a periodistas en Veracruz en un acto propio de un narcoestado
Poza Rica, Veracruz. — La tarde de este miércoles 30 de abril, los periodistas veracruzanos José Roberto Palmero Alpírez (Diario Veracruz en Directo) y Marco Antonio Palmero Alpírez (Reportaje Veracruzano) fueron víctimas de una intimidación armada y una detención inconstitucional a manos de sujetos que portaban chalecos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE). El hecho ocurrió alrededor de las 16:00 horas, a la altura del kilómetro 47 de la carretera Poza Rica–Cazones, a escasos metros de un incendio que los comunicadores habían acudido a cubrir.
Una camioneta blanca Ford Ranger, con placas VE-045A-2, se les cerró violentamente el paso. De inmediato, varios hombres armados descendieron del vehículo y encañonaron a los reporteros sin emitir palabra alguna, apuntando directamente al automóvil en que viajaban.
En un acto de sangre fría y profesionalismo, los periodistas descendieron del vehículo para exigir una explicación. Los individuos portaban chalecos con insignias de la Policía Ministerial de la FGE, pero en ningún momento mostraron una orden o identificaciones oficiales.
Marco Antonio Palmero presentó su credencial expedida por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), mientras los presuntos agentes afirmaban no haberlos visto en la escena del crimen que ocurrió esa mañana en Cazones y “no identificarlos”. Una justificación absurda y peligrosa que revela la falta de protocolos, la criminalización del ejercicio periodístico y el uso ilegal de la fuerza por parte de corporaciones estatales.
Una vez confrontados y tras revisar las credenciales, los agentes huyeron del lugar a alta velocidad, lo que aumentó la sospecha sobre la legalidad y legitimidad de su actuar. Los reporteros, valientes y determinados, los siguieron hasta interceptarlos en el Fraccionamiento Palmas de Poza Rica, donde les tomaron fotografías claras que evidencian su participación.
¿Quién dio la orden? ¿Por qué encañonar a periodistas que sólo cumplían con su labor de informar? ¿Por qué actuar como una célula armada fuera de la ley, sin mostrar documentos, sin identificación, sin explicación alguna?
El hecho constituye una grave violación a los artículos 11, 16, 20 y 21 constitucionales, así como a los más básicos derechos humanos, y deja en evidencia una realidad alarmante: en Veracruz, portar una cámara puede ser tan peligroso como cargar un arma.
Exigimos una explicación inmediata de la Fiscalía General del Estado, un pronunciamiento firme por parte del gobierno de Veracruz y medidas cautelares efectivas por parte de la CEAPP. Hoy fuimos nosotros; mañana puede ser cualquier otro periodista que se atreva a documentar la verdad.
Redacción Reportaje Veracruzano
