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Xalapa, Ver., 20 de agosto de 2025.– La disputa entre el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) escaló a un nuevo nivel de tensión. La consejera electoral María Fernanda Sánchez Rubio denunció que los magistrados del tribunal no solo anularon la constancia de mayoría otorgada a su esposo, Jonathan Máximo Lozano Ordóñez, sino que además condicionaron su propio ejercicio como funcionaria, lo que ella considera un acto de violencia política en razón de género.

El pasado 16 de agosto, el TEV resolvió invalidar la elección de Lozano Ordóñez como magistrado de la Sala Constitucional del TSJ, al detectar un supuesto conflicto de interés: su vínculo matrimonial con Sánchez Rubio, quien participó en la organización del proceso extraordinario judicial.

La consejera reviró de inmediato. Aseguró que su actuación se apegó a la legalidad y que se excusó en los puntos donde podía existir un beneficio directo, pero que el fallo del tribunal la coloca bajo sospecha permanente por el solo hecho de ser esposa de un candidato. “Ese criterio está sostenido en estereotipos de género y es temerario”, acusó.

Una resolución con trasfondo político

Sánchez Rubio interpuso un recurso de inconformidad el 19 de agosto, aclarando que no busca revertir la revocación de la constancia de mayoría de su esposo, sino defender su independencia y sus atribuciones dentro del OPLE, que —según advirtió— están siendo mermadas con una lectura discriminatoria.

La resolución, además, no quedó en terreno neutro: el TEV entregó la constancia a Adriana Morales García, quien obtuvo la segunda votación más alta y quedó debajo de la virtual presidenta del TSJ, Rosalba Hernández Hernández. Para algunos observadores, el giro en el tablero judicial revela un reacomodo de fuerzas al interior del poder político veracruzano, donde los equilibrios entre magistraturas no son un asunto menor.

¿Violencia política disfrazada de imparcialidad?

La consejera lanzó un señalamiento grave: que la decisión del TEV reproduce un esquema de violencia política de género, pues su condición de mujer casada con un actor político estaría limitando sus funciones. “El Tribunal me castiga por mi situación familiar. No me juzga como consejera, me juzga como esposa”, sentenció.

Aunque reconoció que está obligada a acatar la sentencia, confía en que la Sala Superior del TEPJF revoque el criterio del tribunal local. El caso, de ser admitido, podría sentar un precedente clave en materia de imparcialidad electoral, autonomía de las consejerías y violencia política contra las mujeres en razón de género.

Por lo pronto, la controversia abre un flanco delicado: ¿hasta dónde un vínculo personal debe marcar la frontera de la participación pública? Y más aún: ¿está el TEV resolviendo con imparcialidad o ajustando cuentas en la arena del poder judicial veracruzano?

Lo que parecía una disputa jurídica terminó revelando algo más profundo: la fragilidad de las instituciones locales para blindarse de sospechas, presiones y lecturas políticas que ponen en entredicho no solo una magistratura, sino la independencia misma del árbitro electoral en Veracruz.

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Redacción Reportaje Veracruzano