CUATRO AÑOS DE IMPUNIDAD: LA VERGÜENZA DEL PODER JUDICIAL EN VERACRUZ
Un juez acusado de violencia sexual sigue en funciones mientras la víctima vive desplazada y sin justicia
Córdoba, Veracruz. — El manto de impunidad que cubre al Poder Judicial de Veracruz se ha vuelto tan espeso como el silencio cómplice que protege a sus agresores. Cuatro años han pasado desde que Pilar “N”, entonces jefa de la Unidad de Género del propio Poder Judicial, tuvo el valor de denunciar por hostigamiento sexual a uno de sus superiores, el juez cuarto de lo familiar, Edgar Gutiérrez Gómez. Cuatro años de impunidad, encubrimiento y abandono institucional.
La carpeta de investigación CRB/DXIV/FEMUJ/F3/756/2022, iniciada en la Fiscalía Especializada para Delitos contra Mujeres, se ha convertido en un documento muerto. El caso no ha avanzado un solo centímetro, mientras el juez señalado sigue dictando sentencias, como si no pesara sobre él una grave acusación de violencia sexual. ¿Dónde quedó la tan cacareada “cero tolerancia” del Gobierno de Veracruz? ¿Dónde está la fiscal general Verónica Hernández Giadans? ¿Dónde están los consejeros del Poder Judicial que presumen compromiso con la perspectiva de género?
La denuncia original es escalofriante: llamadas reiteradas al despacho, insinuaciones sexuales disfrazadas de “atenciones”, y cuando la víctima se negó a ceder ante el acoso, represalias institucionales. Expedientes detenidos, aislamiento profesional, hostigamiento psicológico. Lo que comenzó como acoso laboral mutó en violencia estructural sostenida desde las entrañas del sistema judicial veracruzano.
El calvario de Pilar “N” no terminó en las oficinas del juzgado. También fue amenazada fuera del entorno laboral, sufrió intimidaciones en su domicilio y tuvo que renunciar en 2023. Su integridad fue vulnerada y su carrera destruida por atreverse a señalar lo que todo mundo calla: que dentro del Poder Judicial también se violenta a las mujeres. Y lo peor: se les silencia.
La segunda denuncia, registrada bajo el número CRB/DXIV/6º/1823/2022, evidencia que la violencia no fue un episodio aislado, sino parte de una maquinaria institucional que protege agresores y revictimiza a quienes se atreven a denunciar. La solicitud de judicialización del caso, presentada el 28 de abril de 2025, fue recibida con la respuesta habitual de la Fiscalía: el desdén.
No hay audiencia. No hay informe. No hay justicia. Solo hay un juez denunciado que sigue juzgando y una víctima que tuvo que huir.
Es imposible no señalar la red de protección que blinda a Edgar Gutiérrez Gómez. Su caso es un botón de muestra del pacto de impunidad que impera entre funcionarios de la Fiscalía General del Estado y del Consejo de la Judicatura. El silencio de Hernández Giadans es, por omisión, complicidad. La inacción del Consejo de la Judicatura es una bofetada a la justicia. ¿Acaso alguien cree que el ciudadano común tendría el mismo trato que este juez? ¿Alguien puede seguir hablando de “Estado de Derecho” en Veracruz sin que se le caiga la cara de vergüenza?
Pilar “N” ha roto el silencio una vez más. Su grito ya no es solo por ella, sino por todas las mujeres que han sido calladas por un sistema que se arrodilla ante el poder de la toga. Ha hecho un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la CONAVIM para que actúen, para que intervengan donde la justicia local ha fracasado de forma escandalosa.
Porque si un juez denunciado por violencia sexual sigue impartiendo justicia, entonces todo el aparato judicial está contaminado.
Veracruz no puede hablar de transformación ni de justicia mientras existan jueces intocables y víctimas exiliadas.
La justicia que se niega a una mujer, es una deuda de toda la sociedad. Y esta deuda, ya huele a podredumbre.
Redacción Reportaje Veracruzano
