MEGADESFALCO EN VERACRUZ: LA RED DE CORRUPCIÓN QUE DESANGRA LA SALUD Y LA SEGURIDAD

En un escándalo que sacude los cimientos del gobierno morenista de Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle García ha destapado una cloaca de corrupción que apunta directamente a la administración de su antecesor, Cuitláhuac García Jiménez. Con denuncias penales presentadas por la Contraloría General del Estado, basadas en las implacables auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se revela un presunto daño patrimonial que supera los 1,600 millones de pesos, con irregularidades administrativas que comprometen a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Pero, ¿es esto un genuino acto de justicia o una cortina de humo para desviar la atención de otros escándalos? La verdad, como siempre, está en los detalles que pocos se atreven a escudriñar.

Un saqueo sistemático en la Secretaría de Salud
La ASF, en su revisión de la Cuenta Pública 2023, puso la lupa sobre los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) y encontró un desastre financiero orquestado bajo la batuta de Jorge Eduardo Sisniega Fernández, director administrativo y hombre de confianza de Cuitláhuac García. Según los informes, Sisniega encabezó un esquema de adjudicaciones directas que beneficiaron a empresas de reciente creación, algunas con dudosa existencia, en contratos por casi 1,600 millones de pesos. Entre los hallazgos más graves están la falta de justificación para estos contratos, expedientes incompletos y la sospechosa participación de proveedores ligados a tramas de corrupción. La gobernadora Nahle, en un tono que mezcla indignación y cálculo político, señaló que “nadie quedará impune” y confirmó que las denuncias ya están en curso, aunque el exsecretario de Salud, Gerardo Díaz Morales, fallecido en 2023, no podrá rendir cuentas.

Pero el escándalo no termina ahí. La ASF detectó un daño patrimonial inicial de 219 millones 787 mil pesos, que escaló a 1,600 millones tras una auditoría forense que rastreó flujos financieros y redes de complicidad. Contratos para servicios subrogados como limpieza, fletes y arrendamiento de equipo médico fueron otorgados sin licitaciones públicas, en un esquema que huele a favoritismo y desvíos. ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de estas operaciones? ¿Por qué Sisniega, un joven funcionario con un ascenso meteórico, mantuvo el control administrativo durante todo el sexenio de García? Las respuestas, que Nahle evade con maestría, podrían estar en los círculos más cercanos al exgobernador.

La Secretaría de Seguridad Pública: un banquete de contratos opacos
La SSP, bajo el mando de Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, no se queda atrás en este festín de irregularidades. La ASF observó 24 contratos adjudicados directamente, validados por Ulises Rodríguez Landa, un funcionario ligado a Eleazar Guerrero Pérez, primo de Cuitláhuac García. Entre los contratos más escandalosos están los destinados a la alimentación de policías y reclusos, con un presupuesto de 352 millones 918 mil pesos. Empresas como Comercializadora Sustentable y Ambiental S.A. de C.V., creada apenas dos meses antes de recibir un contrato de hasta 70 millones, y Administradora de Empresas del Golfo, una constructora que mágicamente se convirtió en proveedora de alimentos, se llevaron jugosas tajadas sin cumplir con los requisitos mínimos de transparencia.

Otro caso aberrante es el contrato SSP-UA-034-23, que destinó 50 millones de pesos a la compra de 50 patrullas blindadas a un costo de un millón por unidad. ¿Es creíble que estas unidades, adquiridas a una empresa de San Luis Potosí, justificaran tan exorbitante precio? La ASF también señaló 17 contratos para mantenimiento de vehículos por 118 millones 369 mil pesos, muchos otorgados a talleres locales en Xalapa sin licitación ni dictamen de adjudicación. ¿Qué intereses protegía Rodríguez Landa al firmar estos acuerdos? ¿Por qué la SSP operó como un coto de poder donde las reglas de competencia eran letra muerta?

Un gobierno bajo sospecha: ¿justicia o vendetta política?
El presupuesto de Veracruz en 2023, con 54 mil 503 millones de pesos en participaciones federales, fue manejado con una opacidad que la ASF no pudo ignorar. De los 43 mil 460 millones auditados, 748 millones 974 mil pesos siguen sin aclararse, ligados a 28 contratos en los que la documentación brilla por su ausencia. La Secretaría de Salud y la SSP no son las únicas señaladas; la Secretaría de Cultura y la Comisión del Agua también están en la mira, lo que sugiere una red de irregularidades que atraviesa todo el gobierno de Cuitláhuac García.

Rocío Nahle, ahora en el ojo del huracán, insiste en que su administración está comprometida con la transparencia. Sin embargo, su denuncia contra su correligionario morenista levanta sospechas. ¿Por qué esperar hasta mayo de 2025 para destapar un escándalo que la ASF señaló desde febrero? ¿Es casualidad que esta revelación coincida con las críticas a Nahle por presuntos vínculos de su yerno con sobreprecios en medicamentos al IMSS? En las redes sociales, usuarios como @Funesta no dudan en calificar de “cinismo” que Nahle denuncie desvíos mientras enfrenta acusaciones similares.

El silencio de los cómplices y la impunidad que persiste
El exgobernador Cuitláhuac García, ahora en un discreto segundo plano, guarda un silencio sepulcral. Su primo, Eleazar Guerrero, y otros allegados como Rodríguez Landa, parecen intocables, al menos por ahora. La muerte de Gerardo Díaz Morales y la salida de otros funcionarios complican la rendición de cuentas, pero el nombre de Jorge Sisniega resuena como el epicentro de esta trama. ¿Será él el chivo expiatorio de una red más amplia? La Contraloría General del Estado promete investigaciones exhaustivas, pero en Veracruz, la historia de la impunidad es tan vieja como los fraudes que denuncia.

Mientras Nahle se erige como paladín de la justicia, el pueblo veracruzano sigue esperando respuestas. ¿Dónde están los 1,600 millones que debieron garantizar salud y seguridad? ¿Quiénes se enriquecieron a costa de los más vulnerables? Esta nota no pretende ofrecer conclusiones definitivas, pero sí una advertencia: en Veracruz, la verdad no se encuentra en los discursos, sino en los expedientes que alguien, en algún momento, tendrá el valor de abrir.

Redacción Reportaje Veracruzano