Justicia amañada en Veracruz: Fiscalía y Poder Judicial bajo sospecha por caso Eduardo Mondragón
Córdoba, Ver.– El caso del exregidor noveno de Córdoba, Eduardo Mondragón Hernández, se ha convertido en el más escandaloso ejemplo del uso faccioso de la justicia en Veracruz. Este martes, cuando todo apuntaba a que recuperaría su libertad tras obtener un amparo federal, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la magistrada presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez maniobraron para impedir su salida, fabricando de la nada una nueva carpeta de investigación.
El operativo de manipulación judicial incluyó, según los señalamientos, la participación de la síndica del Ayuntamiento de Córdoba, Vania López González, en contubernio con la Fiscalía de Violencia contra la Mujer en Córdoba y con la psicóloga oficial de la dependencia. El delito: violación agravada, sobre la misma supuesta víctima cuya acusación ya había sido desechada en dos ocasiones anteriores, precisamente porque no existía sustento jurídico alguno.
La estrategia: multiplicar acusaciones para encubrir errores
La nueva causa penal, radicada bajo el número 642/2024 y librada por la jueza Dani Elena Fernández García, tiene un tufo inconfundible: se trata de un expediente armado para contrarrestar la derrota jurídica que la Fiscalía ya sufrió en los tribunales federales. Un juez federal había determinado que la primera acusación de Vania López contra Mondragón —también por violación— estaba a punto de derrumbarse, pues adolecía de lo más básico: el respeto al debido proceso.
Es decir, cuando la justicia federal exhibió las fallas y vicios del caso, el aparato estatal respondió con lo que muchos ciudadanos califican en redes sociales como “un vulgar refrito judicial”, fabricando otro expediente para mantener a Mondragón tras las rejas y, de paso, cubrir su propio descrédito institucional.
La defensa contraataca
El abogado de Mondragón, Tomás Mundo, anunció que presentará denuncias contra la primera fiscal que integró la carpeta y contra la psicóloga adscrita a la Fiscalía, al considerar que ambas funcionarias incurrieron en abusos flagrantes y violaciones al principio de imparcialidad.
Mundo advirtió que este caso no solo desnuda un patrón de persecución política y jurídica, sino que debe servir como precedente para que se actúe contra todos los servidores públicos que manipulen expedientes y traicionen la confianza ciudadana.
Indignación ciudadana: un proceso “fabricado”
En redes sociales, la indignación se disparó: ¿qué tan podrido está el sistema de justicia en Veracruz como para que un amparo federal no baste para frenar la maquinaria de la Fiscalía? ¿Qué significa que se pueda fabricar un delito “a modo” solo para encubrir errores y venganzas políticas?
El caso Mondragón ya no es solo un expediente local: se ha convertido en un símbolo del desaseo judicial, la manipulación institucional y la impunidad de quienes deberían garantizar la justicia.
La pregunta es inevitable: ¿quién vigila a los vigilantes cuando son ellos mismos quienes rompen la ley?
Redacción Reportaje Veracruzano
