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Explota la tensión en Coahuitlán: quema de urnas y crisis electoral por intento de traslado de votos

Coahuitlán, Ver. — La elección municipal en Coahuitlán terminó en caos y cenizas. La frágil diferencia de apenas 8 votos entre el PRI y el Partido Verde detonó un estallido social cuando se intentó trasladar los paquetes electorales a Xalapa para su recuento, sin que existieran elementos jurídicos claros que justificaran ese movimiento.

El intento de cambio de sede —percibido por muchos como una maniobra política— avivó los ánimos en un contexto ya enrarecido por las sospechas de intervención del actual presidente municipal, quien ha mostrado un abierto respaldo a su hijo, candidato por el Partido Verde.

La indignación de los simpatizantes del PRI escaló rápidamente. En medio de la confusión, un grupo de pobladores irrumpió en la sede electoral; la Guardia Nacional, insuficiente y rebasada, no logró contener la turba. Las urnas fueron quemadas y el material electoral quedó destruido, imposibilitando así cualquier conteo oficial.

La violencia se extendió más allá de las instalaciones electorales. Se reportaron agresiones físicas contra simpatizantes del Partido Verde, sumando tensión a un proceso que ya se perfilaba como uno de los más controvertidos en la historia reciente del municipio.

El Partido Verde ha rechazado públicamente cualquier vínculo con los disturbios y exige condiciones de seguridad y transparencia para cualquier nuevo proceso que se determine.

Mientras tanto, la comunidad queda atrapada entre la desconfianza y la polarización, en un clima donde la legitimidad democrática ha quedado severamente comprometida.

Lo ocurrido en Coahuitlán no es un hecho aislado. Refleja un patrón preocupante de deterioro institucional en procesos electorales municipales, donde los intereses familiares, la presión social y la falta de claridad legal abren la puerta a episodios de violencia que terminan fracturando la vida democrática local.

El Instituto Electoral local y las autoridades estatales enfrentan ahora el desafío de restaurar la confianza en un electorado que hoy mira con escepticismo lo que resta del proceso.


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