FRAUDE DE ESTADO: EL FRACASO DE LA ELECCIÓN DEL PODER JUDICIAL SEPULTA LA DEMOCRACIA EN MÉXICO
Una elección marcada por el desinterés, el caos, la manipulación y la captura política de jueces; el oficialismo celebra la «farsa», mientras la independencia judicial queda herida de muerte
Por Marco Antonio Palmero Alpírez | Reportaje Veracruzano
Lo que prometieron como la «gran transformación democrática del Poder Judicial», terminó siendo un bochornoso espectáculo que exhibe la decadencia de las instituciones mexicanas: la elección del Poder Judicial 2025 ha fracasado estrepitosamente. Los datos no mienten: una participación paupérrima del 13%, un proceso logísticamente imposible, candidatos desconocidos y en algunos casos impresentables, manipulación descarada y un diseño institucional improvisado que terminó burlándose del Estado de derecho.
Lo que prometieron como la «gran transformación democrática del Poder Judicial», terminó siendo un bochornoso espectáculo que exhibe la decadencia de las instituciones mexicanas: la elección del Poder Judicial 2025 ha fracasado estrepitosamente. Los datos no mienten: una participación paupérrima del 13%, un proceso logísticamente imposible, candidatos desconocidos y en algunos casos impresentables, manipulación descarada y un diseño institucional improvisado que terminó burlándose del Estado de derecho.
Una elección que nadie entendió… ni quiso participar
El domingo 1 de junio, solo el 13% del padrón acudió a las urnas, evidenciando el rechazo ciudadano a una elección que resultó ser una trampa disfrazada de democracia. El oficialismo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se empeña en presentarlo como un “avance”, cuando el país entero observó la desgana popular, la falta de información y el caos en las casillas.
Un voto a ciegas: entre 6 y 12 boletas con centenas de candidatos
¿Cómo se puede hablar de elección democrática cuando a los ciudadanos se les obligó a elegir entre 7,773 candidatos en boletas interminables? En ciudades como la capital, el votante debía seleccionar más de 30 cargos entre más de 260 aspirantes, sin contar con información clara ni tiempo real para revisar perfiles.
El resultado: votaciones al azar, abstencionismo masivo y urnas vacías.
Además, los candidatos enfrentaron una mordaza electoral: sin financiamiento público o privado, sin campañas en medios, sin espacio para presentar propuestas. La ciudadanía votó a ciegas, cuando votó.
El secuestro de la justicia por el oficialismo
Pero el mayor pecado del proceso no fue la apatía. Fue su naturaleza profundamente perversa: el secuestro del Poder Judicial por parte de Morena. Los candidatos fueron impuestos por el Ejecutivo y el Legislativo, ambos bajo control oficialista. Entre los postulados figuraron personajes cercanos al régimen, incluyendo la exabogada de «El Chapo» Guzmán, como símbolo grotesco del deterioro institucional.
Lo que debía fortalecer la independencia judicial terminó consolidando la captura de la justicia por el poder político, dinamita en mano contra la división de poderes.
Irregularidades a mansalva y crimen organizado al acecho
El proceso estuvo plagado de irregularidades. Circularon «acordeones» con listas de candidatos sugeridos por partidos, los reportes de injerencia del crimen organizado fueron documentados en varios estados y la inequidad reinó: el INE, maniatado por recortes y presiones, fue incapaz de garantizar condiciones mínimas de transparencia.
Mientras tanto, la oposición—fragmentada y sin rumbo—optó por la abstención, dejando el terreno libre para que Morena y sus operadores maniobraran sin contrapesos.
Diseño institucional: una chapuza monumental
Para colmo, el proceso estuvo mal concebido desde su origen: reglas cambiantes, requisitos desiguales, sobrerrepresentación urbana y ausencia total del principio de “una persona, un voto”. En algunos distritos hubo ganadores sin competencia real, en otros el caos reinó.
La elección fue, en el mejor de los casos, un simulacro. En el peor, un fraude de Estado.
El trasfondo político: la venganza de López Obrador
La raíz de todo este desastre es política: desde 2018, Andrés Manuel López Obrador declaró la guerra a la Suprema Corte por bloquear sus proyectos autoritarios. La reforma judicial de 2024 no fue un avance democrático sino una maniobra de revancha, con Sheinbaum como ejecutora.
El objetivo es claro: subordinar el Poder Judicial al Ejecutivo, eliminar la carrera judicial meritocrática y colocar incondicionales al servicio del régimen.
Democracia herida, justicia en peligro
El saldo es trágico: un Poder Judicial ahora más vulnerable, jueces cuestionados, un proceso ilegítimo y una ciudadanía profundamente desconfiada. La supuesta «elección democrática» solo ha servido para abrir la puerta al control político y al crimen organizado en la justicia mexicana.
¿Qué sigue?
El futuro es incierto. Las voces críticas, desde académicos hasta organismos internacionales, claman por revertir esta reforma fallida. Pero mientras tanto, el Estado de derecho ha quedado herido de muerte.
México enfrenta hoy un desafío mayúsculo: rescatar a su Poder Judicial de las garras del autoritarismo y reconstruir los cimientos de su democracia. Si no lo hace, la elección judicial de 2025 quedará como el epitafio de la independencia de la justicia mexicana.
