Censura disfrazada de justicia: Sergio Gutiérrez Luna y el uso político de la violencia de género para silenciar críticas
¿Defensa legítima o manipulación del discurso feminista para blindar privilegios?
Ciudad de México / Veracruz, 15 de julio de 2025 – En un fallo que ha incendiado las redes sociales y desatado un torbellino de indignación en círculos políticos y de derechos humanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó a la ciudadana Karla María Estrella Murrieta por presunta violencia política en razón de género, tras una publicación en la red social X donde señalaba lo que a todas luces parecía un evidente caso de nepotismo político: la candidatura de Diana Karina Barreras Samaniego, esposa del diputado federal veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, por el distrito 3 de Hermosillo, Sonora.
La resolución no solo ha sido calificada como desproporcionada, sino también como un precedente alarmante en materia de censura encubierta, donde el aparato judicial es instrumentalizado para blindar a políticos y sus cónyuges del escrutinio público.
La sentencia impuesta a Estrella Murrieta —que incluye una multa, disculpas públicas obligatorias durante 30 días, un curso de género y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género durante 18 meses— ha sido leída por amplios sectores como un castigo ejemplar para escarmentar la crítica legítima y frenar la denuncia ciudadana en tiempos donde el hartazgo hacia el tráfico de influencias, el compadrazgo y el nepotismo alcanza niveles históricos.
La pregunta que flota en el aire es contundente:
¿Desde cuándo cuestionar un presunto acto de corrupción es violencia de género?
Este episodio no solo lanza un dardo al corazón de la libertad de expresión, sino que también banaliza una lucha histórica de las mujeres al poner el recurso legal de la violencia política de género al servicio de quienes detentan poder e influencia. Utilizar una herramienta diseñada para proteger a las mujeres de la exclusión y el hostigamiento estructural en la política como escudo para impedir el debate público sobre el privilegio y el favoritismo, es una afrenta no solo a la democracia, sino al feminismo mismo.
Diversas voces de la sociedad civil, analistas y usuarios en redes han denunciado que esta estrategia jurídica configura una peligrosa puerta giratoria entre poder político y aparato judicial, donde las críticas son domesticadas mediante sentencias y los cuestionamientos legítimos son criminalizados como discursos de odio.
Lejos de fomentar la equidad política o salvaguardar los derechos de las mujeres, esta sentencia sienta un precedente que puede inhibir el activismo, sofocar la crítica digital y erosionar aún más la ya precaria confianza en las instituciones.
Sergio Gutiérrez Luna, conocido por su cercanía con las altas esferas del partido en el poder (Morena) y sus constantes intentos por posicionarse tanto en Veracruz como a nivel nacional, queda en el centro de una controversia que evidencia el uso patrimonialista del poder y el preocupante colapso entre interés personal y marco legal.
Mientras tanto, la discusión no se apaga: ¿Estamos frente a una justicia con perspectiva de género o ante un sofisticado mecanismo de censura institucionalizada disfrazado de progresismo?
Reportaje Veracruzano | Periodismo que incomoda al poder.
