Nueva orden de aprehensión contra ex regidor de Córdoba desata protestas y cuestionamientos por abuso de autoridad

Por Redacción Reportaje Veracruzano
Córdoba, Ver. – Lo que inició como un procedimiento judicial al interior del penal de mediana seguridad “La Toma” terminó convirtiéndose en un episodio de tensión social. La mañana de este martes, la Policía Ministerial del Estado ejecutó una nueva orden de aprehensión contra Eduardo “N”, ex regidor noveno del Ayuntamiento de Córdoba, quien ya se encontraba privado de la libertad desde octubre de 2024 por el delito de abuso sexual.
El operativo se llevó a cabo dentro del propio centro penitenciario, de donde el ex funcionario fue sacado esposado y con uniforme naranja para ser trasladado a la sede regional de la corporación. Allí se le notificó formalmente el nuevo mandamiento judicial en su contra, aunque la Fiscalía General del Estado no ha precisado aún la naturaleza de los cargos.
Protesta familiar, operativo con excesos
Mientras se realizaba la diligencia, familiares del detenido se manifestaron a las afueras de la Fiscalía Regional con mantas de apoyo, reclamando un proceso legal “justo” y clamando su inocencia. “Eduardo es inocente”, se leía en uno de los lienzos sostenidos por su esposa y otros allegados.
El ambiente se tornó tenso cuando, al intentar el regreso del imputado al penal, elementos ministeriales forcejearon con los manifestantes. Testigos denunciaron que los agentes utilizaron la fuerza de manera desmedida, llegando incluso a agredir a la esposa del ex regidor.
La situación escaló al grado de que la Secretaría de Marina tuvo que desplegar efectivos para contener la confrontación y garantizar la seguridad en la zona. Pese a ello, los familiares que pretendían formalizar una denuncia por la actuación policial señalaron que la Fiscalía se negó a recibirles la queja, lo que avivó las sospechas de parcialidad.
Silencio oficial y dudas abiertas
Hasta el cierre de esta edición, ni la FGE ni la SSP han emitido posicionamiento alguno sobre la nueva orden de aprehensión ni sobre las presuntas agresiones ocurridas durante el operativo. El hermetismo institucional deja abiertas varias interrogantes: ¿de qué se acusa ahora al ex regidor?, ¿por qué se impidió a los familiares denunciar posibles abusos de autoridad?, ¿qué garantías procesales prevalecen en este caso?
El expediente judicial sigue en curso y se espera que en las próximas horas las autoridades aclaren tanto la naturaleza del nuevo señalamiento penal como las circunstancias que rodearon el altercado en Córdoba, donde la exigencia ciudadana apunta en una sola dirección: un proceso transparente y libre de arbitrariedades.
Redacción Reportaje Veracruzano