Veracruz: El norte que arde en la indiferencia de Nahle – COLUMNA DE OPINIÓN REPORTAJE VERACRUZANO
Xalapa, Veracruz, 11 de agosto de 2025
El norte de Veracruz se desangra y el gobierno de Rocío Nahle parece decidido a mirar hacia otro lado. En Tuxpan, Poza Rica, Cazones y Álamo Temapache, la vida pende de un hilo: empresarios ejecutados a sangre fría, taxistas humillados y asesinados por negarse al yugo del “cobro de piso” y cuerpos desmembrados arrojados en carreteras como trofeos de una guerra entre cárteles que nadie parece dispuesto a detener. La gobernadora, con una mezcla de arrogancia y negación, presume estadísticas de una supuesta pacificación mientras la Mafia Veracruzana (Grupo Sombra) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) convierten la región en un tablero de ajedrez donde los peones son los ciudadanos y la muerte es la única jugada. ¿Cuántos cadáveres más necesita Veracruz para que las autoridades abandonen su letargo?
La masacre de empresarios en Tuxpan es un puñetazo al rostro de un estado que aspira a ser polo de desarrollo económico. En un solo mes, cuatro hombres de negocios fueron silenciados: Víctor Poisot Bermejo, baleado en su oficina el 21 de marzo; Josué Cruz, abatido frente a su restaurante el 24 de marzo; Rubén Cruz Sagastume, líder ganadero, acribillado el 11 de abril; y Nabor Casco Machorro, dueño de farmacias, ejecutado mientras lavaba su camioneta el 23 de abril. ¿La respuesta de Nahle? Un encogimiento de hombros y la absurda negativa de que estos crímenes estén ligados al crimen organizado. ¿Acaso cree que los veracruzanos son tan ingenuos como para tragarse esa narrativa? La impunidad es la verdadera reina de Veracruz: no hay detenidos, no hay justicia, solo un silencio que apesta a complicidad.
El cobro de piso —esa extorsión que el gobierno se niega a reconocer como sistémica— es una soga al cuello de la economía local. El caso de Irma Hernández Cruz, la maestra jubilada y taxista de Álamo Temapache, es una herida abierta en la conciencia colectiva. Secuestrada, humillada en un video rodeada de sicarios y asesinada el 24 de julio por no ceder al chantaje de la Mafia Veracruzana, su muerte fue insultada por las autoridades con un diagnóstico de “infarto por estrés”. La indignidad no termina ahí: Nahle tuvo el descaro de calificar de “miserables” a quienes exigieron justicia, demostrando una desconexión que raya en lo obsceno. ¿Es esta la “transformación” que prometió Morena? ¿Un estado donde los ciudadanos son extorsionados y el gobierno responde con desprecio?
La guerra entre cárteles es el telón de fondo de esta tragedia. La Mafia Veracruzana y el CJNG libran una batalla sin cuartel por el control de rutas clave para el narcotráfico y el tráfico de migrantes, dejando un reguero de sangre. El 4 de agosto, tres cabezas humanas aparecieron en la carretera Poza Rica–Cazones, acompañadas de una narcomanta que era más un desafío que una amenaza. No es un hecho aislado: en 2024, trece cuerpos en hieleras en el malecón de Tuxpan y restos arrojados en la plaza de Cazones ya habían marcado el tono de esta guerra. La Mafia Veracruzana, con su cinismo disfrazado de filantropía al repartir despensas y juguetes, y el CJNG, con su brutalidad descarnada, han convertido el norte en un cementerio a cielo abierto. Y, mientras tanto, ¿dónde está la Guardia Nacional? ¿Dónde está el Ejército? Sus operativos son fuegos artificiales: espectáculos vacíos que no tocan la raíz de un problema que huele a colusión institucional.
El sistema penitenciario es otro reflejo de este colapso. El motín del 2 de agosto en el penal de Tuxpan, con ocho muertos y diez heridos, expuso lo que todos saben pero pocos dicen: los cárteles mandan tras las rejas. La Mafia Veracruzana, según audios filtrados, ordenó desde el penal el asesinato de Irma Hernández, mientras los funcionarios penitenciarios, cómplices o intimidados, miran hacia otro lado. El activista Juan Javier Roldán lo dijo sin rodeos: no hay investigaciones, no hay consecuencias, solo una pantomima de justicia que perpetúa la impunidad. ¿Cómo puede un gobierno que no controla sus cárceles pretender controlar las calles?
La violencia política completa este cuadro dantesco. Las elecciones de 2025 en Veracruz fueron un baño de sangre, con 32 eventos violentos y tres asesinatos de figuras políticas. Germán Anuar Valencia, candidato de Morena en Coxquihui, fue ejecutado el primer día de campaña; Yesenia Lara Gutiérrez y cuatro personas más cayeron en Texistepec; Joel Méndez López, hermano de una alcaldesa electa, fue asesinado en julio. La democracia en Veracruz no es más que un espejismo: un escenario donde los cárteles dictan quién vive y quién muere.
Rocío Nahle puede seguir recitando sus cifras: una reducción del 50.7 % en homicidios desde 2019, 578 detenciones de “generadores de violencia”. Pero los números mienten cuando las calles cuentan otra historia. Con una impunidad que supera el 99.8 % en delitos de alto impacto, según el INEGI, y una Fiscalía General del Estado que parece más interesada en proteger su imagen que en impartir justicia, Veracruz es un estado traicionado. Nahle apuesta por el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Tuxpan, pero ¿quién invertirá en una tierra donde los empresarios son presas de los cárteles? ¿Quién confiará en un gobierno que responde a la tragedia con evasivas?
El norte de Veracruz no necesita más discursos ni refuerzos temporales de la Guardia Nacional. Necesita un gobierno que enfrente la realidad sin miedo, que desmantele las redes de complicidad que permiten a los cárteles operar con impunidad, que proteja a sus ciudadanos en lugar de revictimizarlos. Mientras Nahle se aferra a su narrativa de progreso, el norte arde y, con él, la esperanza de un Veracruz libre de miedo. La pregunta no es si el gobierno puede detener esta guerra, sino si tiene la voluntad de hacerlo. Hasta ahora, la respuesta es un silencio tan ensordecedor como los disparos que resuenan en Tuxpan.
Columna de Reportaje Veracruzano
