Veracruz, Ver. – La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) se encuentra en el ojo del huracán: su legítimo presidente nacional, el ingeniero Alberto Adame Ochoa, anunció que procederá penalmente contra Rafael Fentanes Hernández y Francisco Revilla Aguilera, a quienes acusó de usurpar cargos de representación para beneficiarse ilícitamente de contratos y recursos de la organización.
En una conferencia de prensa que marcó un parteaguas en la disputa interna de la AMIC, Adame mostró documentos oficiales que lo acreditan como único dirigente nacional reconocido legalmente, al tiempo que exhibió pruebas que —según sus palabras— evidencian el uso indebido de cuentas bancarias y la venta apócrifa de los derechos y logotipos de la asociación.
“Estamos frente a un reducido grupo que en 2023 fue expulsado de la AMIC y que, sin contar con personalidad jurídica, siguió utilizando las siglas de la organización para conseguir obras en beneficio propio. Esto no solo es un abuso, es un delito”, sentenció Adame con un tono categórico que no dejó espacio a matices.
La «Federación AMIC»: un espejo fraudulento
De acuerdo con el dirigente legítimo, los expulsados crearon una fachada alterna bajo el nombre de “Federación AMIC”, con la que han intentado confundir a empresarios y autoridades. “Esa representación es apócrifa, es un disfraz para seguir lucrando con lo que no les pertenece”, acusó.
Peor aún: Rafael Fentanes habría incurrido en un acto gravísimo al vender los logos de la AMIC a Francisco Revilla, lo que fue inmediatamente desconocido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Este organismo federal emitió una resolución tajante: los acuerdos entre Fentanes como “vendedor” y Revilla como “comprador” carecen de legalidad y validez.
Llamado a la transparencia en la obra pública
Mientras avanza este litigio, Adame aseguró que recorrerá Veracruz y otros estados para defender a los verdaderos socios de la AMIC, quienes —dijo— han sido marginados de contratos por la opacidad con la que operan autoridades y usurpadores. Su exigencia es clara: reglas transparentes y acceso equitativo a la obra pública.
La denuncia no es menor: está en juego no solo la legitimidad de la AMIC, sino la credibilidad del sector constructor frente a las instituciones y al propio Estado mexicano.
Lo que hasta hace unos meses parecía una pugna interna hoy se perfila como un escándalo jurídico y político que podría sacudir las entrañas de una de las organizaciones más influyentes de la industria de la construcción en el país.
Redacción Reportaje Veracruzano
