Zongolica, Ver. – Un escándalo de proporciones mayúsculas sacude al XVI Distrito Judicial: la fiscal coordinadora especializada en delitos contra las mujeres, feminicidio, familia y trata de personas, Marina González Hurtado, es señalada de haber actuado con abuso de autoridad, coacción y desprecio por la protección infantil en el caso de un niño de apenas tres años.
La denuncia pública fue detonada por Martha Elena Hernández Olivares, abuela del menor Jesús Gael Anastasio Tzizihua, quien asegura haber sido presionada bajo amenazas por la funcionaria para entregar al pequeño a su madre, sin explicaciones, sin garantías jurídicas y en abierto atropello a la ley.
“Me dijo que firmara ya, que estaba a un paso de la cárcel si me negaba. Yo no iba preparada para entregar a mi nieto. Nunca me explicaron nada. Pregunté por qué y la respuesta fue: ‘vas a entregar al niño porque ya llega su mamá’”, relató Hernández Olivares, entre indignación y miedo.
La abuela no estuvo sola. Dulce María Sánchez Hernández, tía y madrina del menor, corroboró los hechos y reveló un diálogo alarmante: advirtió a la fiscal sobre el estado del padre biológico, presunto adicto en proceso de rehabilitación. La respuesta, según su testimonio, fue brutal: “No me importa si se drogan; aunque vivan bajo un puente, igual voy a entregar al niño”.
Una decisión cuestionada y una institución en entredicho
Lo que debía ser un proceso con apego al interés superior del menor terminó convertido en un acto de imposición autoritaria. La familia asegura que ni el padre del niño, Jesús Gustavo Anastasio Hernández, se ha hecho cargo de sus responsabilidades. Aun así, la fiscal habría ignorado cualquier consideración sobre el entorno y bienestar del menor.
Las acusaciones no solo exhiben una presunta actuación irregular, sino que colocan en entredicho a una Fiscalía que, en lugar de proteger a las infancias, parece revictimizar a las familias y minimizar las denuncias de abuso.
“Estoy pidiendo que la cambien porque no es una buena fiscal. No solo mi familia ha sufrido maltrato y abuso de autoridad, también muchas más”, acusó Hernández Olivares, al tiempo que familiares confirmaron que ya cuentan con representación legal para presentar una denuncia formal contra la servidora pública.
Exigencia de destitución inmediata
El caso desató una ola de indignación en Zongolica y en comunidades vecinas, donde organizaciones y ciudadanos han comenzado a exigir la destitución inmediata de Marina González Hurtado, por considerar que su permanencia en el cargo constituye un riesgo para otros menores y familias vulnerables.
La gravedad del señalamiento no se limita a un exceso administrativo: de confirmarse, se trataría de un acto violatorio a derechos humanos, un atropello jurídico y un precedente nefasto para la procuración de justicia en Veracruz.
La pregunta que retumba ahora es inevitable:
¿Quién protege a los niños en Zongolica, si la misma fiscal encargada de defenderlos es acusada de entregarlos sin ley, sin ética y sin justicia?
Redacción Reportaje Veracruzano
