Veracruz, tierra de fosas y silencio: Jimena y Xóchitl, las jóvenes que exponen el rostro más atroz de la impunidad
Álamo Temapache, Ver. — Veracruz vuelve a exhibir sus heridas más profundas y vergonzantes. En Tepetzintlilla, dentro del rancho Santa Rosalía, dos nombres se suman a la interminable lista de vidas segadas en clandestinidad: Jimena Hernández Hernández, de 21 años, y Xóchitl Ivette Villar Barrios, de 33. Ambas fueron identificadas entre restos humanos extraídos de fosas clandestinas que, según peritos, ya suman al menos diez en ese mismo predio.
Jimena desapareció en Huejutla, Hidalgo, el 6 de abril; Xóchitl, en Tuxpan, desde el 15 de marzo. Sus familias pasaron meses en la agonía de la incertidumbre, mientras autoridades estatales callaban o minimizaban. Sus identidades se confirmaron gracias a tatuajes y pruebas genéticas. Sus cuerpos, fragmentos de una verdad insoportable, ya fueron devueltos a sus familias.
Pero el hallazgo no es un hecho aislado. Antes fueron la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, secuestrada y asesinada tras negarse a pagar cuotas al crimen organizado, y Dulce Hortencia Tolentino Hernández, desaparecida en julio y vinculada a otra fosa en Rodríguez Clara. Cada nombre es un eco del mismo patrón: desapariciones, fosas, silencio oficial.
Un cementerio oculto bajo la complicidad
El rancho Santa Rosalía ya carga con la reputación de ser un cementerio clandestino. El 18 de agosto se exhumaron seis cuerpos; en julio se halló a Irma Hernández; ahora, Jimena y Xóchitl se suman a la lista. Todo apunta a un corredor de la muerte operado bajo la mirada indiferente de las autoridades locales y estatales.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó las identidades, pero no ha logrado una sola detención vinculada directamente con este predio. Ni un nombre, ni un grupo delictivo señalado, ni una línea de investigación clara. Mientras tanto, los colectivos de búsqueda hacen el trabajo que correspondería a un Estado que prefiere mirar hacia otro lado.
El silencio del poder
Más grave aún: la propia gobernadora Rocío Nahle ha declarado públicamente que “no ha recibido reportes” sobre fosas clandestinas en Álamo. Una afirmación que no solo hiere a las familias, sino que revela la descoordinación o la deliberada negación institucional frente a una crisis humanitaria que desangra al estado.
¿Cómo puede un gobierno “no tener reportes” cuando las imágenes de cuerpos desenterrados circulan en redes sociales, cuando las familias están presentes en los predios, cuando las exhumaciones son públicas y mediáticas? El discurso oficial ya no solo suena vacío: resulta insultante.
Veracruz, un epicentro del horror
La narrativa es clara: Veracruz se ha convertido en un epicentro nacional del horror clandestino. Según colectivos, cada municipio guarda su propio secreto bajo tierra, y Álamo no es la excepción. El hallazgo de Jimena y Xóchitl es una postal de la descomposición: jóvenes arrancadas de su vida, enterradas en silencio y halladas meses después en predios que se repiten como cementerios informales.
El patrón es el mismo: desapariciones en contexto de violencia, cuerpos hallados en fosas, familias devastadas, y un gobierno que, en el mejor de los casos, llega tarde; en el peor, encubre con su inacción.
Exigencia de justicia
Hoy, los nombres de Jimena y Xóchitl no son solo cifras: son reclamos de justicia, son testimonio de un Estado fallido. Sus muertes reabren la herida de un Veracruz convertido en fosa, donde la vida tiene precio y la muerte se entierra en silencio.
La pregunta ya no es cuántas fosas más aparecerán, sino cuánta impunidad está dispuesto a tolerar el poder antes de que Veracruz se declare, sin eufemismos, un territorio de exterminio.
Redacción Reportaje Veracruzano
