Cuitláhuac se va dejando un boquete histórico: ORFIS destapa daño patrimonial por más de 2 mil 372 millones
Xalapa, Ver. – El sexenio de Cuitláhuac García Jiménez cerró con un golpe demoledor a las finanzas públicas: el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) detectó en la Cuenta Pública 2024 un presunto daño patrimonial por 2 mil 372 millones 867 mil 596 pesos, de los cuales 880 millones corresponden directamente al gobierno estatal bajo su mando. El resto recae sobre municipios y entes paramunicipales.
Lejos del discurso de “honestidad” que se presumió durante seis años, el legado de García Jiménez queda marcado por el mayor desorden financiero de su administración, que no sólo compromete la credibilidad del morenismo en Veracruz, sino que deja un precedente negro en la rendición de cuentas.
El desfalco documentado
La auditora general del Estado, Delia González Cobos, entregó el informe al Congreso local, donde se revela el resultado de 1,396 auditorías, revisiones y evaluaciones aplicadas a 310 entes fiscalizables. El saldo es brutal:
- 41 entes estatales con irregularidades que presumen daño patrimonial por 830 millones 868 mil pesos.
- 174 municipios con un presunto desfalco de 1,537 millones 550 mil pesos.
- Sólo durante el proceso de revisión, se logró reintegrar 54 millones 591 mil pesos, cifra mínima frente al tamaño del boquete financiero.
El discurso contra la realidad
Durante todo su gobierno, García Jiménez se escudó en un relato de “honestidad republicana”, culpando al pasado de cada desfalco y adjudicando a su administración una supuesta pulcritud. Sin embargo, el último año de su mandato exhibe un colapso en el manejo de recursos públicos: 880 millones de pesos de daño patrimonial imputados directamente al Ejecutivo estatal son prueba irrefutable de que la retórica no paga las cuentas.
Los pendientes del morenismo
El informe del Orfis no sólo implica al exgobernador. Los hallazgos abarcan desde irregularidades en obra pública y deuda, hasta inconsistencias administrativas que evidencian una red de complicidades entre dependencias estatales y ayuntamientos. Lo que se pintaba como un gobierno austero y transparente, se derrumba en números rojos, con observaciones que podrían escalar a denuncias penales.
¿Y la justicia?
El reto ahora recae en la administración de Rocío Nahle, obligada a decidir si rompe con el manto de impunidad que tradicionalmente protege a los salientes o si permite que el peso de la ley alcance a su antecesor y a los funcionarios que hoy aparecen en la lista negra del Orfis.
Mientras tanto, los veracruzanos pagan los platos rotos de un sexenio que juró ser distinto, pero que se despide como uno de los más cuestionados en la historia reciente de Veracruz.
Redacción Reportaje Veracruzano
