«¿Justicia o cobertura? El caso de la hija del alcalde de Poza Rica pone al descubierto una red de privilegios y complicidades»

Poza Rica, Ver., 30 de octubre de 2025. — Cuando la hija de un alcalde aparece tras las rejas, el escándalo no solo retumba en los pasillos judiciales: sacude el pacto tácito entre poder, impunidad y complicidad. Ese es, precisamente, el caso de Lilia Fernanda N, hija de Fernando “El Pulpo” Remes Garza —alcalde de Poza Rica—, quien fue detenida el 28 de octubre de 2025 en el estado de Hidalgo por su presunta participación en el robo de dinero en efectivo y relojes de lujo, sustraídos de la vivienda de su ex pareja.

Lo que podría quedar como un incidente aislado adquiere tintes de alarma cuando se analizan los siguientes tres factores:

1. La medida cautelar dictada por el juez de control de Hidalgo, Jesús Anim Ope Islas, impuso prisión preventiva oficiosa por riesgo de fuga, al residir la imputada en otra entidad y contar con presunta solvencia económica.
2. La joven denunció previamente violencia vicaria —una forma de violencia que implica el uso de los hijos como instrumento de daño contra una madre— y un pleito de custodia pendiente con tres menores.
3. A pesar de su linaje y conexiones políticas —ella hija de alcalde, él ex­beisbolista convertido en autoridad municipal— el aparato político local no parece haber ofrecido un escudo completo; el caso fue tramitado en Hidalgo y no, por ejemplo, en Veracruz, lo que deja ver fisuras en la red de protección.

El colectivo feminista como actor inesperado

En este entramado aparece también la voz del colectivo Brujas del Mar, que lleva al escenario una pieza poco esperada: ofrecer apoyo legal y mediático a la imputada. Su vocera, Arussi Unda, confirmó que “están en toda la disposición de dar apoyo” a Lilia Fernanda. La pregunta que surge: ¿por qué un colectivo feminista vinculado tradicionalmente a víctimas de violencia institucional pone sus esfuerzos detrás de una hija de político acusada de robo?

El argumento esgrimido por Unda apunta a un patrón que el colectivo ha seguido: “cuando recientemente se aprobó el tema de la violencia vicaria en Veracruz”, dijo, “este es un tema bastante delicado y que toca muchas fibras”. Para Brujas del Mar, lo esencial sería clarificar si la violencia vicaria denunciada por la imputada fue ignorada o minimizada, y si el proceso penal actual es un instrumento de represalia política.

Pero el escenario ofrece múltiples capas:

• Si la joven es víctima (como afirma) de violencia vicaria, ¿por qué la detención por robo ante el juez de Hidalgo?
• Si el robo sí ocurrió (como sostiene la acusación), ¿por qué activar la narrativa de violencia vicaria como elemento de defensa?
• ¿Qué sucede con el alcalde municipal, Fernando Remes, en todo este proceso? ¿Se mantiene al margen o hay índices de influencia política, económica o de impunidad?

Implicaciones para el poder y la justicia

Este caso no solo afecta a dos familias, sino que arroja una luz incómoda sobre cómo funciona la justicia cuando el encubrimiento político, la protección institucional o la vulnerabilidad de las víctimas se entrelazan. En Veracruz, donde las relaciones partidistas y los nombramientos públicos se cuentan en redes de afinidad más que en estructuras formales, el hecho de que la vía penal cambie de entidad —de Veracruz a Hidalgo— podría indicar un escape del control local o una presión de la opinión pública que impidió un proceso doméstico más manejable.

Además, la participación de Brujas del Mar introduce un factor de visibilidad que las autoridades no pueden ignorar. Si bien su apoyo se justifica bajo la perspectiva de género, existe también la posibilidad de que la causa se instrumentalice políticamente: un poder popular aliado con un caso de élite, lo cual genera disonancia.

Preguntas que quedan sin responder

• ¿Qué papel jugó el alcalde de Poza Rica en las gestiones o influencias del proceso judicial en Hidalgo?
• ¿Por qué se activó la prisión preventiva oficiosa en contra de una mujer que denunciaba violencia vicaria?
• ¿Existen videos, testimonios o pruebas que demuestren con claridad el acto de robo que se imputa, o la defensa tiene base para alegar arbitrariedad?
• ¿Qué garantías tiene la imputada para un proceso justo cuando se encuentra lejos de su domicilio y de su entorno político?
• ¿Podría la intervención del colectivo feminista terminar favoreciendo mediáticamente a la joven sin que se esclarezca la justicia material?

La combinación entre poder político, presunta justicia selectiva, víctima que ahora es acusada y colectivo que apoya al imputado convierte este caso en más que un incidente policiaco: es un laboratorio de poder, género y privilegio en pleno Veracruz. Y el desenlace no solo sabrá del resultado penal, sino de cómo opera realmente la rendición de cuentas en un sistema donde muchos muros permanecen invisibles.

Redacción Reportaje Veracruzano