¿Protección a toda prueba? Gobierno de Rocío Nahle avala a funcionaria señalada de corrupción
El silencio del poder se vuelve estruendo cuando se contrapenan hechos que demandan explicación pública. En ese sentido, el reciente nombramiento de Joana Marlén Bautista Flores en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (STC Metro), sumado a una constancia de no inhabilitación cuya fecha y contexto resultan polémicos, apuntan a un posible quiebre en el imperativo institucional de transparencia y rendición de cuentas.
Contradicciones que gritan
- Según informes periodísticos, Bautista Flores fue sancionada por Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz con 10 años de inhabilitación (expediente 29/2024-II) por daño patrimonial derivado de contrataciones irregulares mientras era directora general de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV).
- El STC Metro informó que Bautista entregó “constancias de no inhabilitación” a nivel local, estatal y federal en cada instancia al momento de su ingreso.
- Ella misma afirmó en medios que “no estoy inhabilitada” y denunció una “campaña negra” en su contra, responsabilizando por ello al delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, así como a la magistrada Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
- Según diversas publicaciones, la constancia de no inhabilitación que ella exhibió fue expedida por la Contraloría del estado en octubre de 2024, mientras que el registro oficial del Sistema Nacional Anticorrupción aún la consigna como sancionada desde septiembre del mismo año.
¿Qué papel juega el Gobierno estatal?
Resulta indispensable observar que el gobierno de Rocío Nahle avaló la expedición de la constancia de no inhabilitación —con fecha del 5 de noviembre de 2025 según versiones— posterior a la difusión de notas informativas desde la mañana del 3 de noviembre que señalaban el caso. Esta temporalidad crítica deja entrever al menos dos hipótesis que demandan ser aclaradas:
- ¿Complicidad o omisión del gobierno de Nahle? Si la constancia fue expedida pese a una sanción vigente, estaríamos ante una falla institucional grave que puede implicar responsabilidad directa o indirecta del ejecutivo estatal al permitir o avalar vacíos de control en la contratación.
- ¿Desmarque táctico respecto al delegado Gómez Cazarín? Los señalamientos públicos de Bautista Flores contra Gómez Cazarín, junto al hecho de que la constancia se emita en plena difusión del caso, permiten interpretar una estrategia de distanciamiento político interno. En este escenario, el gobierno de Veracruz parecería proteger a Bautista pero al mismo tiempo aislar al delegado señalado, lo que abre interrogantes sobre complicidades y juegos de poder al interior del aparato estatal.
¿Por qué debe importar esto al ciudadano veracruzano y al público nacional?
La contratación de una persona sancionada o presuntamente inhabilitada revela una falla estructural que va más allá de nombres y cargos: se trata de la debilidad del sistema de control, la permisividad frente a la impunidad y el uso de la función pública como botín político. En Veracruz —estado históricamente lastimado por escándalos de corrupción, impunidad y redes de poder coludidas—, este episodio se suma a la acumulación de señales que muestran que las reformas de la “Cuarta Transformación” aún no han logrado cerrar círculos de protección al abuso.
Recomendaciones de investigación para medios ciudadanos
- Solicitar vía transparencia la constancia original del 5 de noviembre de 2025 que se dice expidió el gobierno estatal, junto con el oficio que la facultó, y cotejarla con el registro del Sistema Nacional Anticorrupción sobre la inhabilitación de Bautista.
- Verificar si el expediente 29/2024-II del Consejo de la Judicatura fue impugnado o suspendido, y el estado actual del proceso penal que se le sigue por peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
- Indagar el alcance de la “campaña negra” que Bautista denuncia, y los presuntos vínculos de Gómez Cazarín o Jiménez Aguirre con las empresas señaladas en el TSJEV como fantasma.
- Examinar si hay responsabilidad administrativa o penal del gobierno estatal por avalar o no detectar la aparente inhabilitación vigente al momento de la contratación.
Conclusión
En el caso de Joana Marlén Bautista Flores se cruzan los vectores de corrupción, impunidad, política de favoritismos y complicidad institucional. Que su contratación haya contado con aval aparente del gobierno de Nahle abre un canal de rendición de cuentas indispensable para que Veracruz avance más allá de los discursos de cambio. Aquí no está solo en juego un nombre: está en juego la confianza ciudadana, el respeto a las normas y el mensaje de que nadie está por encima de la ley.
Redacción Reportaje Veracruzano
