Caso Ernestina Ascencio: el Estado mexicano admite su deuda histórica y anuncia cumplimiento total de las resoluciones internacionales
Xalapa, Ver.— Dieciocho años después de uno de los episodios más oscuros en materia de derechos humanos en México, el Estado mexicano ha reconocido oficialmente su responsabilidad internacional en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena de la sierra de Zongolica, y se ha comprometido a cumplir, sin reservas, todas las recomendaciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fue clara: no habrá simulaciones ni medias tintas. México acatará íntegramente la sentencia notificada el pasado 16 de diciembre de 2025, en la que la CIDH concluye que el Estado fue responsable por la violación sexual, tortura, muerte de Ascencio Rosario y por negar a su familia el acceso efectivo a la justicia en condiciones de igualdad.
Desde la conferencia mañanera, la mandataria anunció la conformación de un grupo de trabajo de alto nivel, coordinado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en el que participará directamente la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García. Este equipo será el encargado de articular la respuesta institucional y garantizar que cada recomendación internacional se traduzca en acciones concretas.
“No se trata solo de una reparación económica, sino de atender a las víctimas, garantizar la no repetición y corregir fallas estructurales del Estado”, subrayó la Presidenta, al dejar en claro que el cumplimiento será integral y verificable.
La reparación del daño económico estará a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mientras que otras medidas implican compromisos profundos: la reapertura de una investigación penal exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables; atención médica, psicológica y psiquiátrica para los familiares; un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; programas obligatorios de capacitación para funcionarios públicos; el fortalecimiento del Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa y la creación de un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
El caso de Ernestina Ascencio Rosario marcó un parteaguas por la gravedad de los hechos y por la cadena de omisiones institucionales que siguieron. La mujer, de 73 años de edad, fue agredida sexualmente por elementos del Ejército Mexicano que mantenían una base en su comunidad. Murió días después a consecuencia de las lesiones sufridas y de la falta de atención médica oportuna.
En 2007, la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz documentó, mediante peritajes forenses, lesiones compatibles con agresión sexual, traumatismo craneoencefálico, fracturas y luxación cervical. A pesar de ello, la investigación fue cerrada sin ejercer acción penal, bajo el argumento de falta de pruebas, decisión que años más tarde sería severamente cuestionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La CNDH acreditó violación sexual, tortura y una grave afectación a los derechos a la integridad, la dignidad, el honor y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, particularmente en contextos indígenas. Sin embargo, la impunidad se prolongó durante casi dos décadas.
Hoy, la resolución de la CIDH no solo revive el caso, sino que coloca al Estado mexicano frente a un espejo incómodo: el de una justicia que falló por prejuicio, negligencia y poder. El compromiso anunciado por el nuevo gobierno federal y la inclusión directa del gobierno de Veracruz en el proceso abren una ventana de oportunidad para que este crimen no quede como un expediente más, sino como un punto de quiebre en la relación del Estado con las mujeres indígenas y con las víctimas de abusos cometidos desde el poder.
El cumplimiento de la sentencia será observado con lupa, dentro y fuera del país. Porque en el caso de Ernestina Ascencio, la justicia tardía solo tendrá sentido si deja de ser discurso y se convierte, por fin, en verdad, memoria y reparación real.
Redacción Reportaje Veracruzano
