Entre expedientes y omisiones: familia denuncia que Fiscalía mantiene separada a menor con discapacidad en Orizaba
Orizaba, Ver.— La espera se ha convertido en una forma de castigo. Una familia del municipio de La Perla, Veracruz, acusa a la Fiscalía Cuarta Especializada en Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de prolongar de manera injustificada la separación de una menor de ocho años con discapacidad, pese a que existen dictámenes psicológicos y socioeconómicos que avalan su reintegración familiar.
La denuncia es encabezada por la abuela materna, Minerva Isabel Arenas Cruz, quien asegura que la menor continúa institucionalizada en el albergue Casa Hogar Córdoba A.C., mientras el expediente permanece detenido sin una resolución clara dentro de la carpeta de investigación ORZ/DXV/FEMUJ/F4/1475/2025.
De acuerdo con la familia, el principal obstáculo no ha sido la falta de pruebas ni el interés de las autoridades por proteger a la niña, sino lo que califican como un “muro burocrático” que impide avanzar el caso.
Señalan que la Fiscalía les ha informado que la funcionaria responsable se encuentra de vacaciones y que el asunto será retomado hasta enero, argumento que genera desconfianza entre los familiares, quienes afirman haber visto a la fiscal en las oficinas recientemente.
Más allá del trámite administrativo, la situación adquiere mayor gravedad debido al estado de salud de la menor, quien ha sido sometida a dos cirugías recientes, lo que, según la familia, hace urgente una decisión que priorice su estabilidad emocional y cuidados familiares.
Los denunciantes insisten en que el interés superior de la niñez no puede quedar supeditado a calendarios internos, ausencias administrativas ni dilaciones injustificadas, especialmente cuando se trata de una niña con discapacidad que requiere atención, acompañamiento y un entorno afectivo adecuado.
Hasta el momento, la Fiscalía Especializada no ha emitido una postura pública que explique las razones legales por las que la menor continúa institucionalizada, a pesar de los dictámenes favorables existentes.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el funcionamiento de las instancias encargadas de proteger a la infancia y plantea una pregunta de fondo: ¿quién responde cuando la protección se transforma en abandono institucional?
Mientras tanto, una niña sigue esperando que los expedientes se conviertan en decisiones y que la ley, finalmente, actúe a su favor.
Redacción Reportaje Veracruzano
