Fiscalía de Veracruz: renuncia anticipada, reforma exprés y un relevo marcado por la sospecha
Xalapa, Veracruz | 8 de diciembre de 2025.—
La Fiscalía General del Estado de Veracruz cerró este lunes un capítulo clave de su historia reciente, pero lo hizo sin sorpresa y con demasiadas preguntas. Con el voto de la mayoría legislativa, el Congreso local aprobó la renuncia de Verónica Hernández Giadáns como fiscal general, truncando de forma anticipada el periodo de nueve años para el que fue electa en mayo de 2020.
La salida ocurre justo después de la reforma constitucional que concentra en la gobernadora Rocío Nahle la facultad de designar y remover a la persona titular de la FGE. Una coincidencia legal y política que, aunque envuelta en formalidades institucionales, deja la sensación de que la permanencia del cargo siempre estuvo condicionada al nuevo diseño de poder.
En su carta de renuncia, Hernández Giadáns justificó su decisión respaldando la reforma, argumentando que permitirá mayor eficacia y eficiencia en la procuración de justicia. Sin embargo, más allá del lenguaje institucional, la renuncia confirma que la autonomía de la Fiscalía fue redefinida en tiempo récord.
Cinco años, nueve prometidos… y una salida calculada
Verónica Hernández llegó a la Fiscalía en septiembre de 2019 como encargada de despacho, tras la destitución de Jorge Winckler. En 2020 fue ratificada por el Congreso para un periodo de nueve años; cumplió poco más de cinco.
Durante su gestión, presume avances en infraestructura forense, profesionalización del personal y coordinación interinstitucional. No obstante, su paso también estuvo marcado por críticas constantes de colectivos de víctimas, abogados y organismos civiles, que cuestionaron resultados, investigaciones inconclusas y la percepción de subordinación política.
Hoy, su salida no se explica por una evaluación pública de resultados, sino por un cambio de reglas que volvió prescindible su permanencia.
La sucesión: rapidez legislativa y nombres adelantados
La renuncia no cayó en terreno neutral. En la misma sesión, el Congreso aprobó la licencia por un año de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, perfilada abiertamente como la próxima fiscal general del estado.
El procedimiento legal establece que la gobernadora enviará una propuesta al Congreso, que deberá validarla por mayoría calificada en un plazo máximo de cinco días. Si no hay pronunciamiento, la designación se tendrá por aprobada. Un mecanismo que reduce la deliberación a un trámite.
En este contexto, voces críticas como la del senador Héctor Yunes Landa calificaron el proceso como un “albazo legislativo”, asegurando que todo está preparado para imponer a la nueva fiscal antes de que termine el año.
Las acusaciones no son menores: señalamientos por presunta venta de sentencias en su etapa como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, cambios de postura recientes y un entorno político que parece importar más que la trayectoria técnica o la aceptación social.
¿Autonomía o control total?
La reforma constitucional, la renuncia anticipada y la prisa por nombrar a la sucesora construyen un mismo relato: la Fiscalía General del Estado entra a una nueva etapa con menor margen de autonomía real.
La pregunta de fondo no es quién ocupará el cargo, sino a quién responderá en un estado marcado por violencia, impunidad y desconfianza ciudadana en las instituciones de justicia.
El Congreso habla de legalidad.
El Ejecutivo habla de eficiencia.
Pero en la calle, la percepción es otra: la justicia veracruzana vuelve a cambiar de rostro sin rendir cuentas claras.
Y mientras se adelantan sesiones, se aceleran reformas y se alinean mayorías, Veracruz queda, una vez más, a la espera de que la Fiscalía deje de ser una ficha política y se convierta en una institución verdaderamente independiente.
Por ahora, el relevo está servido.
El fondo del problema, intacto.
Redacción Reportaje Veracruzano
