VERACRUZ: LA JUSTICIA INHABILITADA Y LA IMPUNIDAD EN FUNCIONES
Lista oficial exhibe una verdad incómoda: castigos mínimos, simulación institucional y funcionarios sancionados que siguen operando como si nada
Veracruz vuelve a mirarse en el espejo de su propia descomposición institucional… y el reflejo es devastador. La página oficial de inhabilitaciones de la Función Pública, que debería ser un registro sólido de sanciones contra la corrupción, hoy luce raquítica, casi simbólica, como si la justicia fuera administrada con cuentagotas o, peor aún, con conveniencia política.
Mientras el discurso oficial presume combate frontal a la corrupción, la realidad documentada revela una estructura donde los castigos son escasos, selectivos y, en algunos casos, abiertamente ignorados.
Ahí están los nombres. Funcionarios del Poder Judicial de Veracruz inhabilitados por daño patrimonial derivado de contrataciones irregulares: Manuela Saldaña Ríos, Joana Marlén Bautista Flores y Elvis Viveros Arroyo, todos con sanciones de hasta 10 años. Expedientes claros, resoluciones firmes… pero sin el peso real de una justicia ejemplar.
Sin embargo, el caso que dinamita cualquier narrativa de legalidad es el de Ofir Aly Gutiérrez Ponce, exsubdirector de Recursos Materiales del Poder Judicial. Inhabilitado por una década —hasta 2034— por faltas administrativas graves, hoy aparece operando en el ámbito notarial en Xalapa.
Sí, leyó bien.
Un funcionario sancionado por daño patrimonial, impedido legalmente para ejercer cargos públicos, hoy vinculado a una función que exige probidad absoluta: la fe pública. Una contradicción que no solo exhibe grietas en el sistema, sino que plantea una pregunta brutal: ¿quién está protegiendo a quién?
La Ley Notarial es clara. No se trata de interpretaciones ambiguas ni vacíos legales: quienes incurren en delitos o conductas que dañan su reputación quedan impedidos para ejercer. Aun así, el caso permanece intacto, congelado, como si las normas fueran opcionales cuando entran en juego las relaciones y el dinero.
Y no es un hecho aislado.
El expediente de Felipe Hernández Franco, exfuncionario de salud, también sancionado por negligencia grave, confirma un patrón: las inhabilitaciones existen en papel, pero su impacto real es mínimo. Se castiga, pero no se erradica. Se sanciona, pero no se limpia.
Peor aún, el sistema judicial tampoco escapa. La inhabilitación temporal de la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez por actuar sin imparcialidad abre otra herida: la justicia no solo es lenta o selectiva… también puede ser manipulada desde dentro.
El mensaje es peligroso: en Veracruz, la sanción no necesariamente significa consecuencia.
Mientras tanto, la ciudadanía observa. Observa cómo servidores públicos que deberían estar fuera del sistema encuentran caminos alternos para mantenerse vigentes. Observa cómo las listas de castigo son tan cortas como la memoria institucional. Observa, sobre todo, cómo la promesa de un gobierno honesto se diluye entre propiedades inexplicables, negocios paralelos y redes de protección.
Aquí no hay percepción: hay evidencia.
Y la evidencia apunta a una verdad incómoda que el poder intenta esquivar: en Veracruz, la corrupción no solo sobrevive… se adapta, se recicla y, en muchos casos, se institucionaliza.
La pregunta ya no es si hay corrupción.
La pregunta es quién se atreve realmente a desmantelarla.
Redacción Reportaje Veracruzano
