Xalapa, Ver., 17 de abril de 2026.— El Congreso del estado de Veracruz aprobó este jueves una reforma al Artículo 230 del Código Penal que amplía el catálogo de conductas relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en una medida impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García y respaldada por la mayoría legislativa.
El dictamen fue avalado con 39 votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones, durante la Cuarta Sesión del Segundo Periodo Ordinario de la LXVII Legislatura. La modificación incorpora nuevas hipótesis delictivas y redefine sanciones económicas al sustituir el esquema de salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
A partir de la reforma, se sancionará con multas de mil a cinco mil veces el valor diario de la UMA a quienes participen directa o indirectamente en actividades como adquirir, transferir, administrar, ocultar o encubrir recursos, bienes o derechos cuando exista conocimiento de su origen ilícito. También se incluye a quienes faciliten estas operaciones mediante terceros.
El nuevo marco legal precisa que se considerarán de procedencia ilícita aquellos recursos o bienes respecto de los cuales existan indicios fundados o certeza de que derivan de actividades delictivas y cuya legítima procedencia no pueda acreditarse.
Asimismo, se establecen agravantes cuando el responsable sea servidor público, contemplando incrementos en las penas, destitución e inhabilitación.
Durante la discusión, legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en la relevancia del combate al lavado de dinero, aunque con matices sobre la efectividad de la medida.
Por Morena, la diputada Erika del Carmen Rosario Morales señaló que la reforma fortalece el marco jurídico estatal y lo alinea con compromisos nacionales e internacionales en materia de seguridad y justicia.
En el mismo sentido, el coordinador del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, advirtió que el flujo de recursos ilícitos impacta negativamente en la economía y la seguridad pública, por lo que consideró necesaria una respuesta legislativa más robusta.
Desde la oposición, el diputado del PAN Enrique Cambranis Torres planteó reservas sobre la eficacia de la reforma, al señalar que el endurecimiento de la ley no garantiza resultados si no se fortalecen las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos.
En una postura similar, el legislador Héctor Yunes Landa respaldó la reforma, pero subrayó que su impacto dependerá de la aplicación efectiva de la ley y no únicamente de su redacción.
Por su parte, representantes del PT y Movimiento Ciudadano coincidieron en la necesidad de contar con herramientas legales más precisas, aunque advirtieron sobre la importancia de evitar ambigüedades y garantizar el respeto a los derechos fundamentales en su implementación.
Con esta reforma, Veracruz busca reforzar su marco jurídico en el combate a las finanzas ilícitas, en un contexto donde el fortalecimiento institucional y la aplicación efectiva de la ley continúan siendo señalados como factores clave para su impacto real.
Redacción Reportaje Veracruzano
