Cateos bajo sospecha: vecinos cercan a la Fiscalía y exhiben presuntas anomalías en operativo que desató indignación en Boca del Río
Boca del Río, Ver.— Lo que la Fiscalía General del Estado proyectaba como una jornada más de cateos terminó convirtiéndose en un episodio que abrió cuestionamientos sobre la legalidad de sus actuaciones. Habitantes de la colonia Adalberto Tejeda enfrentaron a elementos ministeriales tras denunciar que los operativos se realizaron sin que, presuntamente, se acreditaran de manera clara las órdenes judiciales correspondientes.
El conflicto comenzó cuando agentes de la Policía Ministerial realizaron una diligencia en un inmueble en construcción ubicado sobre la calle Artículo 27, entre Pedro I. Mata y Carolino Anaya. De acuerdo con vecinos, tras concluir esa intervención sin resultados visibles, el despliegue se trasladó a otra vivienda del mismo sector.
Fue entonces cuando la propietaria del inmueble, la abogada Zaira Tronco Moreno, acudió al lugar para solicitar información sobre el procedimiento. Según su versión, los agentes le impidieron ingresar a su domicilio y no le mostraron de inmediato el mandamiento judicial que sustentaba el cateo, situación que elevó la tensión entre los presentes.
La inconformidad no quedó ahí. Otra residente del sector, dedicada a la venta de antojitos, denunció que su vivienda también fue inspeccionada bajo circunstancias similares, lo que alimentó el descontento de los habitantes, quienes comenzaron a reunirse para exigir explicaciones a las autoridades.
Cuando el operativo concluyó y los agentes intentaban abandonar la colonia, un grupo de vecinos —en su mayoría mujeres— bloqueó momentáneamente su salida y demandó que exhibieran las órdenes de cateo. Ante la presión ciudadana, los documentos fueron mostrados.
Sin embargo, la controversia continuó. La licenciada Tronco Moreno aseguró que, al revisar la documentación, detectó presuntas inconsistencias, entre ellas la falta de precisión en la identificación de los domicilios y la ausencia de sellos oficiales, señalamientos que, de confirmarse, podrían poner bajo escrutinio la actuación ministerial.
Las afectadas señalaron que los agentes les informaron que las diligencias derivaban de una denuncia anónima por presunta venta de estupefacientes. Ambas rechazaron categóricamente esa versión y sostuvieron que sus actividades corresponden al ejercicio de la abogacía y al comercio de alimentos, respectivamente.
El episodio dejó un ambiente de desconfianza entre los habitantes de la colonia Adalberto Tejeda, quienes manifestaron temor de que este tipo de operativos puedan repetirse sin el debido sustento legal.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no había emitido una postura pública sobre los señalamientos realizados por los vecinos ni sobre las presuntas irregularidades denunciadas durante los cateos. El caso reabre el debate sobre la obligación de las autoridades de cumplir estrictamente los procedimientos judiciales y garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos durante este tipo de intervenciones.
Redacción Reportaje Veracruzano
