¿AUTONOMÍA O BLINDAJE? LA BATALLA POR LA RECTORÍA DE LA UV ESCALA A TRIBUNALES Y REABRE LA GUERRA POR LA LEGALIDAD UNIVERSITARIA
La disputa por el control institucional de la Universidad Veracruzana volvió a encenderse y ahora amenaza con trasladar el debate de los pasillos académicos a la arena constitucional. Mientras la continuidad del rector Martín Aguilar Sánchez parece jurídicamente asegurada, un nuevo frente legal intenta cuestionar lo que para algunos sectores universitarios representa una peligrosa frontera entre autonomía y opacidad.
El académico de la Universidad Veracruzana, doctor Rafael Vela Martínez, decidió abrir una nueva ruta judicial al promover un juicio de protección de derechos humanos ante la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Veracruz, buscando impugnar la polémica prórroga que mantiene a Martín Aguilar Sánchez al frente de la máxima casa de estudios de la entidad.
La inconformidad gira alrededor de una pregunta que continúa dividiendo al entorno universitario: ¿puede ampliarse el mandato de un rector sin convocatoria abierta y sin un nuevo proceso de selección?
De acuerdo con el recurso presentado, el investigador sostiene que la Junta de Gobierno habría actuado fuera de los márgenes establecidos por la legislación universitaria al aprobar una extensión de cuatro años adicionales sin seguir el procedimiento ordinario. Entre los argumentos centrales figura la presunta inexistencia legal de una figura de “prórroga automática” dentro del marco normativo universitario.
El conflicto no es nuevo. Desde mediados de 2025, la ampliación del periodo rectoral detonó críticas de aspirantes, académicos y grupos universitarios que acusaron irregularidades en el procedimiento. Sin embargo, hasta ahora, la ruta judicial parecía cerrada.
Diversos tribunales federales han sostenido una postura distinta a la de los inconformes: consideran que la decisión de la Junta de Gobierno forma parte de la vida interna de un organismo autónomo y, por ello, no constituye un acto susceptible de combatirse mediante juicio de amparo.
Incluso, el reciente cierre de varios recursos judiciales fortaleció jurídicamente la permanencia de Martín Aguilar Sánchez hasta 2029. Pero quienes cuestionan la medida aseguran que el debate de fondo nunca fue resuelto.
Los colectivos universitarios agrupados bajo la llamada “Red UV por la Legalidad” sostienen que las resoluciones federales únicamente abordaron la improcedencia técnica del amparo y no analizaron si la ampliación rectoral cumplió o no con los principios de legalidad universitaria.
El nuevo recurso promovido por Rafael Vela Martínez busca precisamente abrir esa discusión.
Más allá del desenlace jurídico, el caso expone una tensión mucho mayor: hasta dónde llega la autonomía universitaria y en qué momento comienza la obligación de rendir cuentas.
Porque mientras unos defienden la autonomía como un muro indispensable para proteger a la universidad de intereses externos, otros advierten que ninguna autonomía debería convertirse en un espacio inmune al escrutinio.
La batalla legal continúa. Y con ella, una pregunta incómoda que sigue recorriendo facultades, oficinas y auditorios: si las reglas existen para todos, ¿quién vigila a quienes deciden interpretarlas?
Redacción Reportaje Veracruzano
