Feminicidios sacuden Veracruz; exigen resultados a Fiscalía y acusan abandono presupuestal a protección de mujeres
La ola de violencia contra las mujeres volvió a colocar a Veracruz bajo presión pública y política. Tras los recientes feminicidios registrados en distintos municipios del estado, la diputada panista Indira Rosales San Román exigió a la Fiscalía General del Estado resultados concretos en las investigaciones y cuestionó la falta de recursos destinados a la prevención de la violencia de género.
Desde Xalapa, la legisladora advirtió que las alertas de género vigentes en Veracruz han quedado reducidas al discurso institucional, mientras los asesinatos de mujeres continúan estremeciendo a la entidad.
Uno de los casos que más indignación ha generado en los últimos días ocurrió en Veracruz, donde Teresa Martínez, de 41 años, fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental en la colonia Las Bajadas. Familiares y amistades le dieron el último adiós el pasado 19 de mayo, en medio de escenas de dolor y exigencias de justicia.
La Fiscalía informó la detención de Alejandro “N”, señalado de haber golpeado brutalmente a la víctima hasta causarle la muerte con un objeto contundente.
A este crimen se suman los feminicidios de Ana Lilia González, de 47 años, y su hija Yalina Lezama, de 25, asesinadas el pasado 17 de mayo en Cosoleacaque. Ambas mujeres, locatarias del mercado Rafael Hernández Ochoa, fueron halladas degolladas y abandonadas en la vía pública.
Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas por ese doble asesinato, mientras las primeras líneas de investigación apuntan a posibles vínculos con extorsión.
Frente a este panorama, Rosales San Román recordó que Veracruz mantiene dos alertas de violencia de género y ha permanecido durante años entre las entidades con mayores índices de feminicidio a nivel nacional.
La legisladora sostuvo que los programas de prevención y atención para mujeres en riesgo necesitan respaldo presupuestal real y no únicamente declaraciones oficiales. Señaló directamente que tanto el Instituto Veracruzano de las Mujeres como los institutos municipales enfrentan limitaciones económicas que afectan su capacidad operativa.
“Las prioridades se reflejan en el presupuesto”, reclamó la diputada, al afirmar que los recursos enviados al Congreso por el Gobierno estatal no muestran incrementos significativos para fortalecer las políticas de protección a mujeres.
Asimismo, consideró urgente ampliar programas preventivos y reforzar las redes de atención, particularmente en municipios de alta incidencia como la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde los casos de violencia extrema han comenzado a generar alarma social.
Mientras las cifras siguen creciendo y las familias exigen justicia, colectivos y ciudadanos cuestionan si las alertas de género realmente están funcionando o si se han convertido en simples mecanismos burocráticos incapaces de contener la violencia feminicida que golpea a Veracruz.
Redacción Reportaje Veracruzano
