Xalapa, Ver.— En medio de la conmemoración del Día del Trabajo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, puso sobre la mesa un tema sensible para la comunidad universitaria: la existencia de miles de trabajadores administrativos de la Universidad Veracruzana (UV) que perciben ingresos por debajo del salario mínimo.
Durante una entrevista en una estación de radio local, la mandataria afirmó que, si bien su administración ha mantenido una postura de respeto absoluto a la autonomía universitaria, la institución cuenta con un presupuesto suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales básicas.
“Hay trabajadores que ganan menos del salario mínimo en la Universidad y eso no debe ser”, expresó, al considerar que corresponde a la administración universitaria revisar sus esquemas internos para asegurar remuneraciones conforme a la ley.
Nahle subrayó que desde el inicio de su gobierno ha evitado intervenir en las decisiones administrativas, académicas o laborales de la UV, en apego al principio de autonomía. No obstante, dejó claro que el respeto institucional no excluye la posibilidad de emitir opiniones cuando se trata de derechos laborales fundamentales.
La titular del Ejecutivo también reconoció el valor académico y cultural de la Universidad Veracruzana, a la que calificó como una de las instituciones públicas más importantes del país. Aunque no es su alma máter —estudió en la Universidad Autónoma de Zacatecas—, destacó su papel en la formación de jóvenes y en la promoción de disciplinas artísticas que no están presentes en todas las universidades.
El señalamiento de la gobernadora coincide con declaraciones previas del rector de la UV, Martín Aguilar Sánchez, quien ha reconocido que más de 3 mil 500 trabajadores administrativos se encuentran en condiciones salariales por debajo del mínimo legal.
Este fenómeno no es exclusivo de Veracruz. A nivel nacional, la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) ha advertido que más de 50 mil empleados en universidades públicas enfrentan situaciones similares, lo que ha derivado en llamados al Congreso para revisar y ampliar los presupuestos destinados a la educación superior.
El tema abre un debate complejo: por un lado, la defensa de la autonomía universitaria como principio constitucional; por otro, la responsabilidad institucional de garantizar condiciones laborales dignas dentro de las casas de estudio. Mientras tanto, miles de trabajadores continúan a la espera de una solución que equilibre ambos principios sin vulnerar derechos.
Redacción Reportaje Veracruzano
